miércoles, 15 de octubre de 2008

El complot contra Rodrigo Lara

En agosto de 1983, Lara, quien pertenecía al Nuevo Liberalismo creado por Luis Carlos Galán, es nombrado por el Presidente de la República Belisario Betancur como Ministro de Justicia. Lara Bonilla ya venía con una lucha frontal contra los carteles de la droga, sobre todo el de Medellín, que era liderado por Pablo Escobar. Igualmente cuestionó el puesto de suplente de la cámara de Escobar, demostrando su vínculo con el negocio de narcóticos y la infiltración de los dineros calientes en el deporte. Esto desencadenó en una trampa montada por algunos políticos, narcotraficantes y periodistas quienes se veían en peligro por el gran crecimiento de Lara Bonilla en el Gobierno y sobre todo en la lucha contra el narcotrafico. El Presidente Betancur mantuvo a Lara en su cargo.

El ministro revivió viejos procesos penales contra Escobar y otros capos, como Carlos Lehder; ordenó el decomiso de centenares de avionetas y de propiedades, que eran presuntamente utilizadas para la producción y distribución de sustancias alucinógenas. Mientras en el Congreso se discutía la aprobación de la extradición, los capos buscaron solucionar sus problemas eliminando a su nuevo enemigo, el ministro de justicia Lara Bonilla.

Sólo 8 meses después de ocupar la cartera de justicia, Rodrigo Lara Bonilla muere abaleado dentro de su auto, el 30 de abril de 1984 en una calle al norte de Bogotá, a manos de un sicario enviado por Escobar.

Luego de la muerte de Lara Bonilla, el gobierno de Betancur aprobó de inmediato la ley de extradición, e inició una guerra contra las mafias, que terminaría más de 10 años después con la muerte de Escobar, el encarcelamiento de Lehder y el fin de los carteles de Medellín y de Cali.

Después de su muerte, su hermana, hizo declaraciones juramentadas donde aseveraba que Alberto Uribe Sierra (padre de Álvaro Uribe Vélez) estaba vinculado con el narcotráfico, ya que un helicóptero presuntamente de propiedad del fallecido padre de Uribe fue capturado ese año en Tranquilandia, gran complejo de laboratorios de cocaína. La revelación de estas declaraciones en el año 2007 por periodistas del Nuevo Herald de Miami provocaron la renuncia del hijo homónimo de Rodrigo Lara como zar anticorrupción del gobierno Uribe. Rodrigo Lara dijo que el secretario de presidencia Cesar Velásquez y el asesor presidencial José Obdulio Gavíria le habían ocultado información sobre la muerte de su padre al no proporcionarle el contenido de un mensaje enviado por el periodista del Nuevo Herald.

Tomado de: Wikipedia

CABOS SUELTOS EN LA MUERTE DE LARA BONILLA
Por Gerardo Reyes, The New Herald

Semanas antes de ser asesinado, el ex ministro de justicia de Colombia, Rodrigo Lara Bonilla, se quejaba incesantemente, en público y en privado, de la infiltración del narcotráfico en todos los sectores de la sociedad. Y sus señalamientos no eran genéricos. Iban acompañados con nombres propios, fechas y lugares.

Como ejemplo de esa infiltración, el ex ministro mencionó al presidente Alvaro Uribe Vélez y a su padre Alberto Uribe Sierra, según una declaración bajo juramento de la hermana de Lara obtenida por El Nuevo Herald.

La declaración, rendida en julio de 1984 a raíz de la muerte de Lara Bonilla, sugiere que el ex ministro consideraba que Uribe Sierra estaría vinculado con el mundo del narcotráfico pues se había descubierto un helicóptero de su propiedad en un gigantesco allanamiento a un laboratorio de procesamiento de cocaína al sur del país, en un lugar conocido como Tranquilandia.

''Dijo que lo de Tranquilandia era muy grave y comprometía a gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era del papá de Alvaro Uribe Vélez'', declaró en ese año la hermana del ministro, Cecilia Lara Bonilla. 'Fue entonces cuando me dijo, en ese momento: `La mafia ha entrado todos los estamentos del país, no sólo a la política sino a la economía' '', agregó.

En otra declaración aportada al expediente, también bajo juramento, el coronel de la policía, Jaime Ramírez Gómez, quien fue el coordinador de la operación contra Tranquilandia, relató que tuvo una conversación con Lara Bonilla sobre sus temores de un atentado.

'Me manifestó que si a él le hacían un atentado iban a ser los que eran propietarios de lo cogido en Yarí cuando se descubrieron los laboratorios de cocaína. Le pedí una mayor explicación y él me dijo: `Sí, los dueños del helicóptero y los aviones que ustedes cogieron en el Yarí' '', declaró Ramírez. En esa oportunidad, Lara Bonilla no citó nombres.

En entrevista con El Nuevo Herald, Cecilia afirmó que se ratifica ''en todas y cada una de las palabras'' del testimonio rendido por ella ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá y ofreció otros detalles de su última conversación con su hermano antes del asesinato en una avenida del norte de esa ciudad el 30 de abril de 1983.

''Yo creo que él sí tenía muchas dudas de Uribe [Vélez]. El no las manifestó claramente'', expresó Cecilia en una conversación telefónica con El Nuevo Herald.

Cecilia dijo en 1984 que su hermano, al citar el helicóptero, aseguró que Uribe Sierra había sido asesinado bajándose del aparato.

''Inclusive me contó que Alvaro Uribe había dado declaraciones a la prensa de que al papá lo había matado la guerrilla porque no se había dejado secuestrar'', declaró Cecilia, quien fue gobernadora del departamento del Huila.

Desde el 23 de octubre, El Nuevo Herald envió al jefe de prensa de la presidencia de la República de Colombia un mensaje electrónico solicitando una opinión del presidente Uribe sobre el tema, pero no fue respondida. La misma solicitud junto con copias de las declaraciones judiciales fue enviada por fax a la oficina de comunicaciones el jueves, y tampoco recibió respuesta.

Aunque las sospechas de Lara Bonilla citadas por Cecilia no se conocían, el presidente Uribe se ha defendido alegando que el helicóptero en cuestión fue vendido antes de la operación antinarcóticos en Tranquilandia. Sin embargo, ni el mandatario ni su familia han dado a conocer las escrituras de transferencia del aparato.

Uribe es considerado como el mejor aliado de Washington en la lucha contra el narcotráfico en el hemisferio. El mandatario ha firmado la extradición de más de 500 narcotraficantes a Estados Unidos, entre quienes se encuentra Fabio Ochoa, uno de los cabecillas del Cartel de Medellín

Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Lara Bonilla, fue contratado hace un año y medio por Uribe para dirigir la oficina anticorrupción de la Presidencia de la República.

Lara Restrepo explicó a El Nuevo Herald que ni él ni sus hermanos habían estudiado el expediente de la muerte de su padre.

''Ahora que conozco esos documentos creo que el tema es delicado, y sobre eso me voy a pronunciar en los próximos días'', afirmó Lara Restrepo a El Nuevo Herald.

La mención del helicóptero en el proceso judicial por el homicidio de Lara Bonilla originó una investigación del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el cual estableció que, en efecto, el padre del presidente era socio de la firma propietaria de la aeronave, Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda.

Sin embargo, en un documento firmado por Jaime Alberto Uribe Vélez, otro hijo de Uribe Sierra, se afirma que la empresa vendió el aparato a un tercero,

lo cual ocurrió un mes antes de la operación de Tranquilandia. En los archivos del expediente de Lara Bonilla

y en el registro del historial de la aeronave no existen escrituras formales de esa transacción.

Uribe Sierra era un ganadero y criador de caballos del departamento de Antioquia que tenía relaciones personales con criadores de caballos, entre ellos los miembros de la familia Ochoa, fundadores del Cartel de Medellín. Fue asesinado el 14 de junio de 1983. Su hijo, el presidente Uribe, ha sostenido que el asesinato fue cometido por el Quinto Frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al resistir un intento de secuestro.

El 10 de marzo de 1984, la policía colombiana, con el apoyo de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), tomó por asalto un complejo de 19 laboratorios de cocaína en el departamento de Caquetá, al sur de Colombia.

La operación, que culminó con la destrucción de cocaína por un valor en el mercado de $1,200 millones, se logró gracias a que agentes de la DEA instalaron transmisores satelitales en varios tanques de éter que fueron comprados por Francisco Javier Torres Sierra, un enlace del Cartel de Medellín, en un expendio mayorista en Phillipsburg, New Jersey. El éter es un precursor químico fundamental para el procesamiento de la pasta de coca.

Durante varios días la DEA siguió las señales de los dispositivos hasta que el cargamento de químicos fue ubicado en un área selvática en inmediaciones del río Yarí, al sur del país.

El complejo de Tranquilandia, controlado por los Ochoa, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, líderes del Cartel de Medellín, contaba con ocho pistas de aterrizaje donde fueron halladas varias aeronaves. Una de ellas era un helicóptero marca Hugues, modelo 369D, con matrícula HK 2704E, construido en 1980 y con capacidad para cinco pasajeros.

Cuando el 14 de agosto de 1984 los investigadores del DAS pidieron información sobre la aeronave a la Aeronáutica Civil, el director de esa entidad, Juan Guillermo Penagos Estrada, les entregó el expediente del helicóptero.

Penagos había reemplazado a Uribe en la dirección de la Aeronáutica Civil. Uribe fue director del organismo entre 1980 y 1982, período en el cual se aprobaron licencias de operación de aeronaves y pistas a narcotraficantes.

De acuerdo con el libro ElSeñor de las sombras: biografía no autorizada de AlvaroUribe Vélez, del periodista estadounidense Joseph Contreras, corresponsal de Newsweek, el propio Lara Bonilla calificó de ''negligente'' y ''pasiva'' la política de la Aeronáutica Civil en relación con la aprobación de esos permisos que favorecieron aeronaves y pistas de Escobar, los Ochoa y el narcotraficante Carlos Lehder.

Uribe ha dicho que fue exonerado de cualquier responsabilidad en la expedición de los permisos por una investigación que realizó el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe.

De acuerdo con los documentos oficiales, el helicóptero fue comprado en Los Angeles, luego importado a Colombia en octubre de 1981 y nacionalizado en abril de 1982. Los documentos muestran a Uribe Sierra como socio de la empresa propietaria del helicóptero Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda. y como gerente de la misma a Carlos Alberto Amórtegui Romero.

Diecisiete días después de la incautación del helicóptero, la empresa Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda. presentó ante la oficina de registro aeronáutico una declaración extrajudicial en la que se afirma que el aparato fue entregado a Pedro Fidel Agudelo Chávez como pago de una deuda pendiente por 25 millones de pesos.

Segun ese documento, Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del presidente se comprometió a entregar ''todos los documentos del helicóptero en cuanto finalice la sucesión de Alberto Uribe Sierra con el fin de cederle los derechos a sus herederos'' como propietario del helicóptero. Sin embargo en el expediente no figura la transferencia formal de los derechos. Una fuente cercana a los Ochoa dijo a El Nuevo Herald que Agudelo, el nuevo propietario del helicóptero, fue un trabajador de Fabio Ochoa, narcotraficante condenado en Estados Unidos a 30 años de prisión. El Nuevo Herald trató de confirmar esta información con la familia del narcotraficante en Medellín a través de correos electrónicos, pero la solicitud no fue respondida.

Un artículo publicado en septiembre de este año en la revista cultural colombiana El Malpensante, identificó a Agudelo como un ''testaferro'' del narcotraficante Rodríguez Gacha en la compra de obras de arte. Rodríguez Gacha fue abatido en 1989 por la policía de Colombia .

La Aeronáutica Civil canceló el permiso de funcionamiento del helicóptero confiscado en Tranquilandia el 11 de abril de 1984.

Pero un nuevo incidente, poco conocido, sacó a flote de nuevo la existencia del aparato. Según logro establecer El Nuevo Herald, el primero de mayo de 1986 un helicóptero con las mismas características y similar matrícula cayó con cocaína en un céntrico sector de Medellín. El diario El Colombiano publicó la noticia: ``El helicóptero de matrícula HK 2704 es de propiedad de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda. de la ciudad de Medellín''.

La muerte de Lara Bonilla continúa en la impunidad. Tulio Manuel Castro Gil, el juez que acusó a Pablo Escobar del asesinato, fue muerto en julio de 1985. El coronel Ramírez fue asesinado en noviembre de 1986.

ATANDO CABOS

El coronel Ramírez (director de la Policía Antinarcóticos en ese momento), Guillermo Cano y el propio Lara son tres personajes clave. Los tres fueron asesinados por órdenes de Pablo Escobar. Los tres están estrechamente relacionados en este episodio de la vida nacional.

Lara no estuvo solo en su lucha, lo acompañaron esos dos personajes maravillosos y novelescos: el coronel Ramírez, un hombre sencillo, leal y sobre todo incorruptible. Y Guillermo Cano un periodista ejemplar, un hombre de principios, que libró varias guerras contra el abuso de la autoridad del Estado, contra el sistema financiero que estafó a miles de colombianos y, finalmente, contra el narcotráfico, que terminó costándole la vida.

Santofimio fue el gran antagonista y rival político de Rodrigo Lara Bonilla, que se alió con Pablo Escobar y que se obsesionó con llegar a ser presidente, costara lo que costara. En este sentido, será la historia y la justicia las encargadas de juzgar sus acciones. El presidente Betancur siempre apoyó y respaldó a Lara en los momentos más difíciles, cosa que no hicieron otros políticos, incluso los integrantes del nuevo liberalismo.

Dentro de este catálogo de grandes detalles maquillados se encuentra la relación de la familia del presidente con la muerte del ex ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, ocurrida el 30 de abril de 1984. Un hecho que, en diciembre del año pasado, causó revuelo luego de que El Nuevo Herald trajera de nuevo a colación algunos detalles contenidos en el proceso que señalan a Alberto Uribe Sierra, padre del mandatario, como posible autor intelectual de este homicidio y que dan cuenta de la posibilidad de algunas maniobras realizadas por el mismo Uribe Vélez como ex director de la Aeronáutica Civil. Una noticia que se niega a ser archivada, sobre todo cuando el presidente está en mora de rendir explicaciones.

El tema vuelve a tomar fuerza, luego de tantos años, gracias a la ratificación que al mencionado diario hizo la hermana del fallecido Lara Bonilla, Cecilia, sobre su declaración rendida bajo juramento ante el juez 77 de instrucción criminal de Bogotá en 1984, donde indicaba que, en una conversación sostenida con su hermano poco antes de morir, éste la había mencionado que Alberto Uribe Sierra, padre de Uribe Vélez, tenía relaciones con el narcotráfico, pues era dueño del helicóptero incautado en el operativo adelantado en las cercanía en inmediaciones del río Yarí (Caquetá) el 10 de marzo de 1984, con el apoyo de la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA), denominado Operación Tranquilandia, nombre que recibía el complejo de 19 laboratorios de cocaína de propiedad del Cartel de Medellín.

Por otra parte, está el testimonio del coronel de la Policía Jaime Ramírez Gómez, coordinador de ese operativo antinarcóticos y quien fuera asesinado en noviembre de 1986, donde especificaba que Lara Bonilla le había dicho que, de presentarse un atentado contra su vida, los responsables serían los dueños del helicóptero y los aviones confiscados durante el operativo.

Tras el escándalo, Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del presidente, indicó que el helicóptero marca Hugues, modelo 369D, con matrícula HK2704E, construido en 1980 y con capacidad para cinco pasajeros, cuya propiedad figura a nombre de la firma Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda., de la cual era socio Uribe Sierra, había sido vendido a un tercero justo un mes antes de la Operación Tranquilandia, evento que no figura en el historial de la aeronave.

En el expediente sólo se halla una declaración extrajudicial en la que se afirma que el aparato se entregó a Pedro Fidel Agudelo Chávez en pago de una deuda pendiente por 25 millones de pesos, personaje que fue identificado como trabajador de Fabio Ochoa y como testaferro del narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha en la compra de obras de arte.

Otro elemento polémico frente al caso se refiere a la labor de Uribe Vélez como director de la Aeronáutica Civil entre los años 80 y 82, momento en que se formalizó el ingreso de muchas de las aeronaves de reconocidos narcotraficantes como Pablo Escobar, los Ochoa y Carlos Lehder. Sucesos de los cuales fue exonerado por el entonces Procurador General de la Nación, Horacio Serpa Uribe, pero sobre los que hay todavía muy poca claridad.

El diario también revela como, sospechosamente, dos años después de que la Aeronáutica Civil canceló el permiso de funcionamiento de la aeronave, se confiscó en Medellín, también durante un operativo, una con similares características y hasta número de matrícula HK2704, coincidencialmente de la empresa Aerofoto Amórtegui y Cía. Ltda.

Aunque oficialmente el juez del caso, Tulio Manuel Castro Gil, asesinado también en julio de 1985, reconoció a Pablo Escobar como autor intelectual de la muerte de Lara Bonilla

COMIENZA LA NARCOGUERRA

El país despertó a la amenaza del narcotráfico con la muerte de un joven, talentoso e irreductible ministro de Justicia.

Por Ricardo Calderón Villegas, Revista Semana

A las 7:30 de la mañana del lunes 30 de abril de 1984, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla recibió una llamada telefónica en su oficina. Era un alto mando militar que le informaba que los servicios de inteligencia tenían datos sobre un atentado que podría estar fraguandose contra su vida. A diferencia de otras oportunidades en las que había asumido con calma este tipo de situaciones, ese día estuvo alterado y nervioso, algo que no era habitual en él. A las 6:50 de la tarde el ministro salió de su despacho y abordó el Mercedes-Benz blanco que tenía asignado y que era conducido por Domingo Velásquez. De cerca lo seguía su escolta en dos Toyotas Land Cruiser, una gris y otra blanca.

A las 7:15 de la noche, cuando la caravana estaba en la avenida 19 con calle 127 el ministro llamó a su casa y habló con el mayor de sus tres hijos, Rodrigo, quien tenía 8 años. Le dijo que estaba en medio de un trancón. Lara le pidió a su conductor que intentara salir de la congestión y en esa maniobra, el Toyota blanco que iba adelante quedó atrapado en el tráfico. El Mercedes continuó custodiado desde atrás por el Toyota gris. Cuando iban sobre la calle 127, cerca de la avenida Boyacá, sonó un estruendo.

Velásquez aceleró sin mirar atrás. Su objetivo era llegar a la casa del ministro cuanto antes. Por unos segundos creyó que nada grave había pasado, pero cuando miró por el espejo retrovisor vio a Lara Bonilla tendido. Poco después, al llegar a la casa vio el asiento trasero inundado de sangre. El conductor no supo qué pasó. Pero los escoltas que venían detrás del Mercedes sí.

Poco antes de llegar a la 127 con Boyacá una moto roja apareció sorpresivamente y se acercó al carro. En segundos, el parrillero vació sobre Lara el proveedor de una ametralladora Ingram. Siete proyectiles dieron en el blanco: tres en el cráneo, una en el cuello, dos en el pecho y otro en el brazo derecho.

Los escoltas de la Toyota gris dispararon contra los sicarios y se inició una persecución digna de Hollywood. Varias cuadras más abajo, los escoltas estaban a menos de 100 metros de los asesinos. Entonces el parrillero giró su cuerpo y lanzó una granada contra el Toyota, pero estalló lejos del vehículo. La contorsión del sicario y el pavimento mojado hicieron que los asesinos perdieran el equilibrio y cayeran. Iván Darío Guizado Álvarez, el asesino del ministro, murió instantáneamente como consecuencia de fracturas en el cráneo. El conductor de la moto, Byron de Jesús Velásquez Arenas, resultó herido cuando la moto le cayó encima y fue capturado. Los narcotraficantes que habían pagado por el atentado creyeron que con la muerte de Lara terminarían con el único y el mayor de sus problemas.

Lara había llegado al Ministerio de Justicia en agosto de 1983 nombrado por el presidente Belisario Betancur. Con tan sólo 37 años, el senador huilense era el segundo hombre del Nuevo Liberalismo y se había caracterizado por ser uno, si no el único, de los políticos de la época que abiertamente estaba en contra del narcotráfico. Lara tenía la intención de utilizar su reputación de hombre honesto para realizar una gran campaña contra la mafia. A las pocas semanas de estar en el cargo sus buenas intenciones encontraron grandes obstáculos.

Consciente de que se trataba de una medición de fuerzas entre el Estado y la mafia, Betancur se negó a entregar la cabeza de uno de sus ministros al crimen organizado. Tenía el convencimiento de que Lara era un hombre honesto que había caído en una celada. El ministro manifestó que la única manera de demostrarle al país que era una persona honrada era jugándose la vida contra la mafia. Y lo hizo. Emprendió una cruzada frontal y sin cuartel contra la mafia en el momento de ascenso de los grandes capos.

En Medellín Pablo Escobar, parlamentario suplente de Ortega, lideraba un movimiento 'cívico' y se daba a conocer como uno de los hombres más ricos del país y de América Latina. Al mismo tiempo Carlos Lehder Rivas había fundado un movimiento político, mezcla de fascismo y antiimperialismo, y se había hecho famoso por la publicación en la prensa nacional de avisos de página entera en los cuales atacaba el tratado de extradición suscrito entre Colombia y Estados Unidos. Eran sólo dos de los hombres más conocidos de toda una generación de mafiosos que se habían convertido en intocables. La mafia estaba en todas partes: en la política, en los deportes, en los medios de comunicación. Los colombianos asistían impotentes a un vuelco económico y moral del país y de sus instituciones.

El ministro arremetió contra los capos, reviviendo procesos penales que habían caído en el olvido, denunciando la presencia de dineros calientes en distintas actividades y ordenando el decomiso de decenas de avionetas de las que se sospechaba que eran utilizadas en el narcotráfico. La cruzada emprendida por Lara comenzó a dar dividendos. Lehder fue obligado a huir al Brasil. Escobar fue acusado de ser el autor intelectual de un doble crimen y de participar en un contrabando de cocaína. Otros capos de la época fueron puestos tras las rejas.

Gradualmente, la opinión pública dejó de ver a Lara como el hombre acusado de recibir un cheque de Evaristo Porras y pasó a considerarlo el primer colombiano que tuvo el valor de sacarle los trapos al sol a la mafia. Eso fue algo que los capos no le perdonaron y que pretendieron detener cuando ordenaron la muerte del ministro. Pero se equivocaron.

El asesinato de Lara tuvo enormes implicaciones. Poco después de su muerte, el gobierno cambió su actitud frente al narcotráfico. En su discurso durante el sepelio de Lara, el presidente Betancur pronunció varias frases que empezaron a delinear la posición del Estado frente a los narcos: "¡No más tertulias de salón para comentarios divertidos sobre quien acaba de hacerse rico con el tráfico de monedas manchadas de sangre". "Colombia entregará a los delincuentes solicitados por la comisión de delitos en otros países". Estas palabras del Presidente se transformaron en un viraje de 180 grados en la lucha contra la mafia.

Cuando el Estado manifestó su intención de aplicar la extradición de colombianos a Estados Unidos -la única herramienta que los grandes capos sentían como una auténtica amenaza en su contra-, los narcotraficantes recurrieron a un tipo especial de violencia: el narcoterrorismo.

Tras la muerte de Lara vinieron otras como la de Luis Carlos Galán, Guillermo Cano Isaza y de un centenar de jueces y policías. El segundo semestre de 1989 fue el período en que el narcoterrorismo de los denominados 'Extraditables' alcanzó su clímax. Entre agosto y diciembre de ese año explotaron 88 bombas en calles, bancos, sedes políticas, instalaciones públicas, hoteles, residencias, periódicos y centros comerciales de las cinco principales ciudades del país. En las últimas cinco semanas de ese año volaron un avión de Avianca en pleno vuelo y dinamitaron la sede del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). En los dos hechos murieron 171 personas y 250 quedaron heridas. Entre 1989 y 1993 un total de 120 carros bomba explotaron en diversas ciudades del país.

Los narcotraficantes buscaban tumbar la extradición y las acciones de las Fuerzas Militares y la Policía en su contra y asegurar la impunidad de sus delitos en Colombia. Al principio, el narcoterrorismo logró intimidar a los colombianos, pero después hizo que la población se uniera en torno del Estado en su lucha contra el narcotráfico. Esto incidió en la caída de Pablo Escobar, el desmoronamiento del cartel de Medellín y sirvió como medio de presión para que los miembros del cartel de Cali se entregaran a las autoridades.

Veinte años después de la muerte de Lara Bonilla la batalla que él comenzó todavía sigue. En estas dos décadas grandes carteles y narcos han sido contundentemente atacados por el gobierno, pero es innegable que importantes estructuras y capos siguen enquistados en diversos sectores de la economía y la sociedad. Aunque la lucha contra ese flagelo aún está lejos de terminar, la balanza de esa guerra que le costó la vida a Rodrigo Lara hoy se inclina a favor del Estado. Prueba de ello es que actualmente es difícil que alguna de las nuevas organizaciones o capos del narcotráfico tengan la capacidad de desestabilizar y poner en jaque al país como ocurría tan sólo hace una década.

domingo, 12 de octubre de 2008

El crimen contra los Magistrados del Palacio de Justicia

¿Un ataque esperado?

El 17 de octubre de 1985 fueron detenidos dos hombres en el Palacio levantando subrepticiamente planos del edificio. El Palacio quedó inmediatamente bajo condición militar hasta primeros de noviembre en que ésta fue levantada y sustituida por vigilantes de una empresa privada deseguridad. Escasos días antes de la toma del edificio, se almacenaron en la cafetería del Palacio 1.500 pollos. El tribunal era concurrido y poblado por centenares de personas, pero parecen muchos pollos para otra cosa que no sea una resistencia prolongada con numerosos rehenes.

Éstos y muchos otros indicios permitían sospechar -más la información que quisiera obtener la inteligencia militar- que el palacio corría peligro de ser objeto de un ataque armado. Ahora, la sospecha que se permite es la de que el Ejército podría tener algún interés en que el M-19 se introdujera en la ratonera para poner aún más en precario la política pacificadora del presidente Belisario Betancur y tomar, además, su propia venganza.

Los esperaran o no, sea como fuere, a las 11.40 de la mañana del 6 de noviembre de 1985 la compañía del M-19 Ivan Marino Ospina, integrada por 35 hombres y mujeres comandados por Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Guillermo Elvecio Ruiz y Ariel Sánchez, hombres todos de primera fila en el movimiento, entró al Palacio por la puerta principal, y alguno, como Almarales, casi desfilando y vistiendo un inmaculado uniforme de combate recién planchado. Sellaron el Palacio en la medida de sus posibilidades, ocupándose prioritariamente de la retención de jueces y magistrados, pero manteniendo encerrado un cosmos de cientos de secretarios, funcionarios judiciales, camareros, limpiadoras, abogados, ordenanzas, estudiosos, peticionarios, reos y hasta visitantes, ocasionales. Nunca se conocerá el número de rehenes y jamás se sabrá el número de muertos durante el asalto militar.

Los hechos iniciales de aquella ocupación son conocidos. Sólo ahora comienzan a darse a la publicidad detalles posteriores, nuevos, aportados por sobrevivientes, como el magistrado de la pierna de madera. Toda la operación era un delirio que no podía tener otro objetivo que la negociación con el Gobierno después de haberle dado tan espectacular bofetada. En un documento de 30 folios y con la armas en la mano, el M-19 pretendía ejercer el derecho de petición sobre los magistrados de la República para que éstos enjuiciaran al presidente Betancur por conducta dolosa para el país, al haber firmado con las guerrillas unos acuerdos de paz que no pensaba cumplir ni ejecutar.

Los pobres jueces y magistrados no tuvieron tiempo ni posibilidades de considerar la insólita petición o de rechazarla modestamente aunque sólo fuera por defecto de forma: dos horas después de la toma del Palacio llegaba a la Plaza Bolívar el primer tanque. La compañía guerrillera, según los testimonios de los pocos que pueden hacerlos, se comportó con cortesía y hasta elegancia, dentro de la cortesía y la elegancia que puedan ser atribuibles a quienes toman rehenes; pero hasta en la violencia política cabe la gracia.

Impedidos, por supuesto, de abandonar el palacio, no tuvieron jueces y magistrados ninguna sensación intelectual de que la compañía guerrillera tuviera la menor intención de ejecutarles. Sí tuvieron desde el comienzo de la pesadilla la seguridad de que el M-19, tras la espectacularidad publicitaria de su golpe de mano sólo buscaba alguna negociación. El comandante Andrés Almarales, casi vestido para una parada, con maneras refinadas tranquilizaba a los rehenes, buscaba su mejor ubicación en baños interiores para liberarles del fuego que pronto comenzó a entrar por los grandes ventanales verticales de las fachadas: fuego de cañón y cohetería.

Todos los esfuerzos de los je fes guerrilleros se orientaron a entablar un contacto, por mínimo y frágil que fuera, con un representante de un Gobierno que llevaba tres años negociándolo todo incluso bajo presión armada. No pudo negociarse ni una posibilidad de rendición o incluso de salida de los rehenes con las tropas que cercaban el Palacio.

El general Vega, ministro de Defensa, y el general Cabrales, comandante de la 13ª Brigada de Infantería acantonada en Bogotá, decidieron proceder a un holocausto al que no pudo oponerse el presidente Betancur, ya debilitado por el fracaso parcial de su política de pacificación nacional y la proximidad del fin de su mandato electoral. El Ejército, humillado y ofendido por los acuerdos de paz, estimando que el Gobierno daba así un triunfo moral político al guerrillerismo, viendo que las columnas insurgentes ni siquiera se veían obligadas a entregar sus armas de inmediato y que,devenían así en fuerzas militares y regulares en alguna manera legalizadas, frustrado por la inutilidad de sus esfuerzos estratégicos y hasta tácticos, se cobró todos sus recibos atrasados en el Palacio de Justicia de Bogotá.

Desprecio por los rehenes

No dieron cuartel ni albergaron la menor preocupación por preservar la vida de los rehenes. Podría afirmarse, dentro de la imprecisión de un combate de estas características, que todas las víctimas inocentes de aquellas 28 horas de pesadilla lo fueron bajo el fuego indiscriminado y a discrección de las tropas. El propio magistrado Umberto Murcia resultó seriamente herido, y esta vez no en la pierna de madera, cuando los soldados volaron parte de la pared de un gran lavabo público donde los guerrilleros habían refugiado a parte de los rehenes, arrojaron granadas por los boquetes y barrieron los suelos cubiertos de cuerpos con fuego de ametralladora.

Al día siguiente, había 100 cadáveres en la morgue bogotana, todos del Palacio de Justicia, algunos de los cuales aún no han podido ser identificados. Los militares no le pidieron a Betancur ni órdenes, ni consejo, ni la hora. El presidenté careció de tiempo para reunir un Consejo de Ministros y evaluar la situación: cuando quiso hacerlo el Palacio ya había empezado a arder.

Tomado de: El País

LA TOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA

Noviembre 6 de 1985
La herida abierta

En el Palacio de Justicia se llegó al límite de la barbarie de la guerra. Colombia perdió en ese holocausto una de las mejores Cortes de su historia.

A las 11:30 de la mañana comenzó el tiroteo en inmediaciones de la Plaza de Bolívar. A esa hora del 6 noviembre de 1985, 28 guerrilleros del M-19 irrumpieron por el sótano en el Palacio de Justicia. Los subversivos entraron en tres vehículos y en la incursión asesinaron al administrador del edificio y a dos celadores. Adentro los esperaban siete compañeros más. Afuera se quedó otro grupo, con igual número de guerrilleros, que no alcanzó a llegar a tiempo. Así comenzó la operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre. Una acción armada por medio de la cual el M-19 pretendía juzgar al presidente Belisario Betancur por haber supuestamente traicionado el acuerdo de cese del fuego y de diálogo que había sido firmado por ambas partes el 24 de agosto de 1984.

Betancur se había empeñado desde el comienzo de su gobierno en hacer la paz con los grupos alzados en armas. Estaba tan comprometido con este propósito que se había reunido en 1983 en España con Iván Marino Ospina y Álvaro Fayad, los dirigentes máximos del M-19. Fue la primera vez que un mandatario en ejercicio habló con los comandantes de un movimiento rebelde en plena lucha. Este encuentro señaló el comienzo del camino que culminó en los citados acuerdos del diálogo, que le dieron paso a una tregua frágil y una paz endeble que no alcanzó a durar un año.

Otty Patiño, uno de los fundadores del M-19, cree que esos acuerdos no fueron tomados en serio por ninguna de las dos partes; en ese lapso cada una intentó ganar ventaja sobre la otra y "la paz es la más vengativa de las diosas. Castiga duramente a los que no la toman en serio". El holocausto del Palacio de Justicia fue consecuencia de esa jugarreta con la paz entre los guerrilleros y el Presidente. Para apaciguar al numen de la paz fueron sacrificados casi un centenar de colombianos durante las 28 horas que duró el combate por el Palacio.

Un asalto anunciado

Antes de su muerte, en agosto de ese mismo año, Iván Marino Ospina le comentó a Pablo Escobar que el M-19 tenía la intención de tomarse el Palacio de Justicia para juzgar al Presidente y llevarse a los magistrados a otro país. La ilegalidad en la que se movían había permitido que ambos hombres se relacionaran. Escobar les prestó a los guerrilleros la pista de la hacienda Nápoles para que trajeran de Nicaragua los fusiles y el explosivo C-4 que utilizaron en la toma.

Mientras los subversivos preparaban el asalto, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sentían los embates de los narcotraficantes. El 20 de septiembre de 1985 hubo una reunión en el Club Militar entre cinco funcionarios del gobierno y cinco magistrados de la Corte, presididos por Alfonso Reyes Echandía. El objetivo del encuentro era discutir las medidas de protección que se iban a tomar para resguardar a los cuatro magistrados de la sala constitucional de la Corte: Manuel Gaona Cruz, Carlos Medellín Forero, Ricardo Medina Moyano y Alfonso Patiño Roselli. Estos tenían a su cargo el tema de la extradición, por cuenta de la cual los dos últimos ya habían recibido amenazas de muerte.

En este encuentro se determinó que la Policía hiciera un estudio de seguridad del Palacio, el cual se llevó a cabo entre el 27 de septiembre y el 15 de octubre de ese año. Los resultados del mismo se presentaron en un consejo de gobierno el 17 de octubre. El día anterior el Comando General de las Fuerzas Militares recibió un anónimo en el que se denunciaba que el M-19 iba a tomar el Palacio el 17.

En previsión de cualquier eventualidad entre el 17 de octubre y el primero de noviembre la seguridad del Palacio fue reforzada con un oficial, un suboficial y 20 agentes de la Policía. Ese día terminó la custodia especial por petición del presidente de la Corte, Reyes Echandía, quien, según un oficio de la Policía, solicitó su retiro por su "espíritu civilista" y "por las continuas quejas que recibía por parte de los abogados litigantes y miembros de la Corte Suprema y del Consejo de Estado, quienes veían con extrañeza y por demás perjudicial las medidas extremas que se estaban tomando en el Palacio de la Corte".

Toma y retoma

Casi en el mismo instante en que los guerrilleros del M-19 irrumpieron en el sótano el 6 de noviembre de 1985, comenzó la reacción de las Fuerzas Armadas. El subteniente de la Policía José Rómulo Fonseca intentó ingresar por el sótano a repeler el asalto y fue herido de muerte. A las 12:30 de ese día, una hora después del inicio de la toma, 35 guerrilleros controlaban el Palacio y tenían a casi 300 personas como rehenes. Afuera el Ejército ya había establecido un perímetro de seguridad, dos vehículos Cascabel habían ingresado al patio interior del edificio y tres helicópteros de la Policía con miembros del Grupo de Operaciones Especiales habían intentado aterrizar en el techo. Uno de los helicópteros hizo vuelos rasantes y algunas descargas, luego de lo cual se levantó una densa columna de humo.

A la una y media de la tarde las tropas evacuaron a 138 personas y, según el testimonio que rindió el general Miguel Vega Uribe, ministro de Defensa de entonces, ese fue el momento en el que los guerrilleros les prendieron fuego a los archivos. Cuando los periodistas lograron contactar en medio de la toma a Luis Otero, el comandante del M-19 que dirigió el operativo, y le preguntaron por este hecho, les respondió: "Nosotros no los hemos quemado (.) no tenemos ningún interés en destruirlos". No obstante, las palabras del general y las del ministro de Justicia Enrique Parejo en el mismo sentido alimentaron la tesis que detrás de la toma estuvo la mano de Escobar.

El periodista Mark Bowden dijo en su libro Killing Pablo que el capo les dio un millón de dólares a los guerrilleros para esta operación en la que a la postre, por el incendio que se produjo y del cual nunca pudo establecerse con exactitud quién lo comenzó, se quemaron 6.000 expedientes. En la conflagración, que se convirtió en el símbolo de este holocausto, la temperatura alcanzó los 3.500 grados centígrados. El M-19 siempre ha negado esta versión de los hechos que los hace parecer como simples marionetas, pero su indudable cercanía con el narcotraficante debilitó siempre su defensa. Tampoco los ayudó que durante el asalto hayan muerto justo los cuatro magistrados de la sala constitucional y Echandía, quien había sido uno de los redactores del Código Penal de 1980 que autorizaba la extradición. Después del asalto del Palacio la extradición quedó herida de muerte y un año después la nueva Corte Suprema de Justicia la declaró inaplicable por un vicio de procedimiento.

El combate por el Palacio fue una debacle para los guerrilleros y una victoria pírrica para las Fuerzas Armadas. Para los intelectuales de izquierda el asalto del Palacio significó el entierro de la guerrilla como proyecto histórico. Eduardo Pizarro calificó la toma de una acción pueril. Y en efecto lo fue. Los guerrilleros se equivocaron en su apreciación de la situación política y militar que los condujo a hacer este operativo. Pensaron que podían repetir la experiencia de la embajada dominicana. Y no había tal. Betancur no tenía margen de maniobra. Se la había jugado toda por la paz sin ningún resultado. No le quedaba más alternativa que la guerra.

Los guerrilleros sabían que iban a ser atacados pero creyeron que les bastaba con resistir un poco el contraataque para lograr un cese del fuego y evitar ser arrasados. Con el Presidente neutralizado, el alto mando jugó sus cartas con rapidez: no iban a permitir el show de otra embajada dominicana y podían dar un golpe de mano para descabezar al M-19. Los guerrilleros al mando de la operación eran comandantes reconocidos: Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin y Guillermo Elvecio Ruiz. Además los militares estaban con la sangre en el ojo. Desde el fin de la tregua en junio el M-19 había intentado volar 17 vehículos blindados en un batallón de Ipiales, había atacado el batallón Cisneros en Armenia y un comando había atentado contra el general Rafael Samudio Molina.

Esta lógica fue la que condujo a un golpe de Estado técnico. Con Betancur inmovilizado en forma tácita, las Fuerzas Armadas atacaron impulsivamente con todos los medios a su disposición y con la mayor rapidez. Esto permitió que 215 personas salieran vivas del Palacio. Sin embargo, esa misma celeridad no permitió elaborar un plan de rescate quirúrgico que hubiera salvado la vida de 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que perecieron en el combate. Echandía imploró a través de los medios: "No he podido comunicarme con el Presidente. Si siguen disparando nos van a matar". En el holocausto se sacrificó el poder judicial, lo cual constituye un golpe de Estado pues se exterminó una de las ramas del poder público. La lluvia de plomo y la tormenta de fuego que se desató aceleraron el proceso de desinstitucionalización que padecía Colombia.

La investigación sobre los hechos del Palacio de Justicia llenó 100.000 folios y aun así quedaron muchas preguntas sin respuesta. La falta de claridad ha generado una mitología del odio que aún hoy exacerba los ánimos y alimenta el imaginario de la guerra. Sobre las ruinas humeantes del Palacio incinerado se levantó tiempo después una nueva mole para la justicia que sepultó bajo concreto, mármol italiano y vidrios blindados todos los fantasmas del pasado. Una salida estética que no ha sido suficiente para ocultar el hedor que sale de esta herida abierta y envenena con su aliento mortal la historia del país

Autor: Andrés Grillo
Tomado de: Revista Semana

¿EL MAGISTRADO MANUEL GAONA TAMBIÉN SALIÓ VIVO DEL PALACIO DE JUSTICIA?

Un video revelado por el Noticiero de televisión Noticias Uno reavivó las denuncias de abusos militares ocurridos durante la reacción de las autoridades luego de que el grupo guerrillero M-19 se tomara el Palacio de Justicia de Colombia en el año de 1.985. Las nuevas evidencias probarían que algunas personas que salieron vivas del Palacio después fueron asesinadas, cuando estarían bajo custodia de la inteligencia militar. La certeza de que el magistrado auxiliar del Consejo de Estado Carlos Urán salió vivo del palacio de justicia y luego fué asesinado abre la pregunta de si el magistrado, de la Sala Constitucional de la Corte, Manuel Gaona Cruz, pudo haber corrido la misma suerte.

Una serie de evidencias podrían llevar a la Fiscalía a concluir que Gaona corrió la misma suerte que Urán: los dos aparecen en una lista del ejercito en la que se les relaciona como guerrilleros dados de baja, ambos aparecieron asesinados con un tiro de gracia y sus cuerpos se pudieron reconocer a diferencia de los otros magistrados cuyos cuerpos aparecieron calcinados, de los dos se dijo que estaban en un baño con otras personas y que habrían muerto por una ráfaga disparada contra la puerta del lugar, sus viudas fueron informadas de que sus esposos habían salido con vida y se encontraban heridos en el Hospital militar, y medios de comunicación que informaban de los sucesos afirmaron durante unos momentos que Gaona salió vivo. Otra de las versiones es que Gaona habría sido asesinado a quemaropa por el guerrillero Andrés Almarales -con quien había sido compañero de estudios en las aulas de la Universidad Externado de Colombia- luego de que el magistrado le suplicara que le permitiera salir porque quería beber a su hija de diez meses de nacida

Tomado de: La Palabra Digital

Los generales retirados Samudio Molina y Arias Cabrales fueron enjuiciados en 2007 por "presunta responsabilidad en los delitos de secuestro y desaparición forzada", indicó la Fiscalía.Samudio Molina era entonces comandante del Ejército durante el Gobierno de Betancur, antes de ser ministro de Defensa, y Arias Cabrales comandante de la brigada militar de Bogotá.

Pidió "más acción"

Según grabaciones que forman parte del proceso judicial Samudio aparecía en la operación militar con el nombre de 'Paladín 6' para pedir "más acción" a las tropas que bombardearon el Palacio de Justicia en tanquetas, causando un incendio. Entretanto, Arias Cabrales se identificaba como 'Arcano 6' en las comunicaciones por radioteléfono.

Dentro del mismo proceso se ordenó en mayo pasado el arresto del general retirado Iván Ramírez, que en la época del asalto guerrillero tenía el rango de coronel y también fue detenido el ex coronel Carlos Alfonso Plazas Vega, que también participó en la retoma del Palacio de Justicia.

En los hechos del Palacio de Justicia, que quedó en ruinas, murieron acribillados o quemados once magistrados del tribunal supremo, entre ellos su presidente, Alfonso Reyes Echandía, y decenas de abogados, empleados y visitantes, así como casi todos los guerrilleros asaltantes, calculados en unos treinta.

Pero, según testigos y supervivientes, al menos once personas salieron vivas y fueron trasladadas a destacamentos, donde al parecer fueron torturadas hasta la muerte, incluyendo a administradores y empleados de la cafetería.

El M-19 pretendía con ese asalto hacer un 'juicio' al proceso de paz del presidente Betancur, ya que consideraban que le jefe del Estado había traicionado a esa y a otras guerrillas.

Tomado de: StarMedia Noticias

La Fiscalía de Colombia ordenó arrestar al ex general del Ejército Jesús Armando Arias Cabrales, quien dirigió la operación para retomar el Palacio de Justicia, asaltado en 1985 por guerrilleros del grupo M-19 y en cuyo interior murieron cerca de cien personas.

Arias Cabrales, que comandaba la brigada militar de Bogotá, deberá responder ante la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la desaparición de once personas que salieron de la sede judicial luego de terminar el asalto de más de 24 horas por parte de un comando del Movimiento 19 de Abril (M-19).

Una fuente de la Fiscalía explicó que se encontraron indicios suficientes para pedir la detención de Arias Cabrales por su presunta participación en las desapariciones. El general retirado Arias Cabrales fue destituido simbólicamente en 1990.

El M-19, que se desarticuló en 1990, asaltó el Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985 con la intención de juzgar la política de paz del presidente Belisario Betancur (1982-86).

La sede judicial, situada en el centro de Bogotá, fue incendiada por los guerrilleros (en alianza expresa con el capo de la droga Pablo Escobar), con lo que desaparecieron miles de archivos y pruebas vinculadas con procesos contra Escobar y otros narcotraficantes, y más tarde fue bombardeada de manera brutal por el Ejército, con saldo de casi cien muertos, incluyendo once magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Según denuncias y testigos, varias personas, entre ellas los empleados de la cafetería y rebeldes sobrevivientes del asalto, salieron con vida, pero desaparecieron y al parecer fueron llevados a destacamentos militares, donde los torturaron hasta causarles la muerte. Parece que igual suerte corrieron dos de los magistrados que habían logrado escapar a la carnicería.

Tomado de: Metro Nacional, Chile, 2008

Acerca del magnicidio de Guillermo Cano

Cerca de 5 jueces tuvieron en sus manos el caso, de los cuales 1 de ellos, Andrés Enrique Montañéz fue comprado y otro de ellos, Carlos Valencia, asesinado mientras esperaba un autobús al centro de la ciudad. Valencia, se había convertido en un peligro para la organización de narcotraficantes comprometida en el crimen, al avalar la decisión de la prefecta Consuelo Sánchez de Durán de enjuiciar juntos a todos los involucrados.

Por esto y ante las interferencias, el fiscal Gustavo de Greiff se vio en la obligación de interponer una solicitud de cambiar la investigación al sistema de justicia sin rostro, el cual falló su favor.

Finalmente, se determinó que Pablo Escobar, Gilberto Rodríguez Gacha y Evaristo Porras, fueron los autores intelectuales del asesinato.

María Ofelia Saldarriaga, Pablo Enrique Zamora, Luis Carlos Molina y Carlos Martínez Hernández, fueron encontrados culpables de conspiración para cometer el crimen. Todos ellos, a excepción de Molina Yepes, fueron sentenciados a 17 años y 8 meses en prisión.

Escobar, quien también fue capturado se escapó de la prisión en 1992 y estuvo fugitivo varios meses hasta que fue localizado por un equipo especial de la Policía Antinarcóticos de Colombia con la ayuda de agentes de inteligencia de Estados Unidos. Fue abatido cuando trataba de escapar.

Tomado de: Colombialink.com


SE REABRE INVESTIGACIÓN POR ASESINATO DE GUILLERMO CANO

21 años después, se reabre investigación por asesinato de Guillermo Cano. Así se lo confirmó la Fiscalía a EL TIEMPO y aseguró que declaraciones hechas por el ex ministro Carlos Medellín fueron claves a la hora de tomar la decisión.

Medellín decidió renunciar a la embajada de Colombia en los Países Bajos, cuando un informe del semanario El Espectador, de diciembre pasado, reveló que Carlos Alberto Gaviria, hermano de José Obdulio Gaviria, asesor presidencial, era socio de la empresa desde la cual se giraron los cheques para pagar los sicarios que asesinaron a Cano.

Medellín, cuyo padre, el magistrado Carlos Medellín, fue asesinado en la toma del Palacio de Justicia, habla con EL TIEMPO y asegura desconcer que fue pieza clave en la decisión, "debo aclarar que, en diciembre, cuando se divulgó el informe, no dí ninguna declaración pública".

YAMID AMAT: ¿Cuántas personas hay en la cárcel por la muerte de Guillermo Cano?

CARLOS MEDELLÍN: Nadie. Y creo que no hay ningún detenido porque la investigación nunca se hizo. Tuvo el inconveniente de que Giraldo fue asesinado y los funcionarios judiciales perseguidos y amenazados. Algunos de ellos tuvieron que salir del país. En esa época nadie quiso hacerse cargo del caso.

Y.A.Usted iba a ser designado embajador ante los Países Bajos. Renunció cuando se conocieron detalles sobre el asesinato de Cano. ¿Qué lo llevó a esa decisión?

C.M.Estoy casado con María José Cano, hija de Guillermo Cano. Tengo tres hijos, nietos de Guillermo, y para mí era muy difícil seguir en un gobierno al cual pertenece José Obdulio Gaviria, asesor presidencial y hermano de Carlos Alberto Gaviria, quien de acuerdo con un informe de El Espectador, tenía relaciones de negocios con quien fue condenado por el homicidio.

Y.A. ¿Y la renuncia?

C.M. Le dije al Presidente que declinaba cualquier designación por la presencia en su gobierno de un hermano de quien era señalado, en el informe de El Espectador, como el hombre que mantenía negocios con quien fue condenado por pagar los sicarios que mataron al padre de mi esposa.

Y.A.¿Qué culpa puede tener una persona de los presuntos delitos que cometa su hermano?

C.M.No he señalado a José Obdulio Gaviria como responsable de la comisión de ningún delito. Sin embargo, razones personales me impidían seguir compartiendo con él mi trabajo en el gobierno. Consideré que la justicia debería realizar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades.

Y.A. ¿Qué sabe usted de Carlos Alberto Gaviria?

C.M. Muy poco. Según el informe de El Espectador, vive en la ciudad de Medellín.

Y.A. ¿Y él qué dice?

C.M. Que no recuerda muy bien lo sucedido.

Y.A.Cuando se produjo el asesinato de Guillermo Cano, no quedaban dudas de que el crimen había sido ordenado por Pablo Escobar. ¿Usted comparte esa afirmación?

C.M. Para todos fue claro que el narcotráfico asesinó a Guillermo Cano y en ese momento el hombre fuerte de la mafia era Pablo Escobar. Sin embargo, nunca se pudo establecer la relación entre Luis Carlos Molina, condenado por pagar al sicario procesado por ese caso, y Pablo Escobar. Héctor Giraldo, abogado del caso, hizo una profunda investigación sobre este punto, es decir, los vínculos entre Molina y Escobar. Encontró esa relación y por eso fue asesinado. Según el informe de El Espectador, tanto el gerente de la hacienda Nápoles como Carlos Alberto Gaviria tenían relaciones de negocios con Molina. Infortunadamente, eso nunca se investigó.
Creo que finalmente, se sabrá la verdad. Yo estuve esperando 20 años que se hiciera algo con el Palacio de Justicia, donde murió mi padre, y solo hasta ahora se están viendo los resultados.

Y.A. ¿Cómo se explica que, 21 años después del crimen, aparezcan en la Fiscalía razones que conducen a la reapertura del caso?

C.M. Esa pregunta hay que hacerla a la Fiscalía, pero no es raro que todo esto suceda si tenemos en cuenta que algo parecido ha ocurrido con el caso de Galán y con el proceso del Palacio de justicia.

Y.A. ¿Usted qué opina de la decisión?

C.M. Esa investigación, al igual que muchas otras, no había arrojado resultados concretos sobre los responsables del homicidio. En casos como el de Luis Carlos Galán, el Palacio de Justicia o el de los delitos cometidos por los paramilitares se requiere que se conozca la verdad para que puedan cicatrizar las heridas y vivir en un país mejor.

Y.A. Después de la denuncia de 'El Espectador', ¿la justicia no hizo nada?

C.M. Lo está haciendo ahora, con la decisión de la Fiscalía.

Y.A. ¿Usted ha sido llamado como testigo por la Fiscalía?

C.M. No.

Y.A. Usted fue Ministro de Justicia. ¿Qué justicia existe en una nación en la que 21 años después de un magnicidio no hay aún certeza sobre todos los hombres que intervinieron directa o indirectamente en el asesinato de un hombre como Guillermo Cano?

C.M. Es un sistema de justicia que actúa de manera lenta pero que produce resultados. Hay que tener fe en la justicia de Colombia. Además, hay que tener en cuenta que la creación de la Fiscalía tuvo como justificación el hecho de que en Colombia se requería un aparato fuerte de investigación sin las debilidades y los problemas de la justicia en los años 80.

Tomado de El Tiempo Noticias - Entrevista de Yamid Amat a Carlos Medellín

sábado, 11 de octubre de 2008

El asesinato de Low Murtra

Enrique Low Murtra, ex ministro de Justicia, fue asesinado el martes por la noche en Bogotá. El crimen ocurrió cuando el político salía de una céntrica universidad en la que era catedrático y decano de la Facultad de Derecho. Siete años antes, también un 30 de abril, y también en la noche, fue asesinado el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Con ese crimen se inició la larga cadena de víctimas del narcotráfico.

Low Murtra, de 53 años, economista y abogado, fue ministro de Justicia del presidente Virgilio Barco entre septiembre de 1987 y junio de 1988. Él, como el resto de los siete ministros de Justicia que tuvo el Gobierno de Barco, defendió la extradición y libró una dura batalla contra el narcotráfico. A Low Murtra le tocó abogar por la extradición cuando la Corte Suprema de Justicia la declaró inconstitucional. "Me puede temblar la voz pero no la moral", es la frase que muchos recuerdan de él.Como todos los ministros de Justicia en los últimos años, Enrique Low estaba amenazado de muerte. Para protegerlo, fue nombrado embajador en Suiza una vez abandonó el ministerio. Allí se descubrió un compló para asesinarle. Dos terroristas del grupo español ETA detenidos en la frontera entre Suiza y Francia declararon que su misión era volar la Embajada colombiana en Berna.

A comienzos de este año el ex ministro regresó a Colombia y volvió a su oficio de siempre: la cátedra universitaria. Desde entonces, viajaba en taxi, en autobús, sin guardaespaldas, sin ningún tipo de seguridad. Por eso fue tan fácil para los dos jóvenes sicarios acribillarlo a la salida de la universidad.

Según el ministro de Gobierno, Humberto de la Calle, Low Murtra no había solicitado ninguna protección; según el padre de la víctima, a su hijo le dejaron solo.

Tomado de: El País, 1991

miércoles, 8 de octubre de 2008

Del asesinato de Jaramillo Ossa

"Abrázame... esos hijueputas me mataron"

Aún hoy, años después de la muerte de Bernardo Jaramillo, uno se estremece sintiendo la ternura y la rabia que encierra esta frase. Está en la memoria de Mariela Barragán, su compañera, que la cuenta como si no hubiera pasado el tiempo, como si viviera ese momento del 22 de marzo de 1990, en el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Como si el eco de los disparos que derrumbaron a Bernardo no se hubiera ido nunca. La cuenta y uno lo puede ver a él, en los ojos de Mariela, en el suelo, implorando amor y denostando a los asesinos.

Tomado de: Semana


"Bernardo Jaramillo Ossa coqueteó en la po­­lítica de la misma forma como lo hizo con las mujeres: de frente. Y en ambos casos tuvo éxi­to por su franqueza. Quienes lo conocieron, ca­talogaron a este manizalita como un social de­mócrata del siglo XXI, insertado en una épo­ca en la cual el comunismo colombiano con­tinuaba con las tendencias de una izquierda marcadas por la ortodoxia soviética.

“Tuvo la capacidad de apartarse del comu­nis­mo cerrero, de las ideas soviéticas y plantear una democratización social, con equidad, sin abolir la propiedad privada y con transfor­ma­ciones concertadas. Y esa es una idea que ac­tualmente tiene mucha fuerza en Colombia”, ex­plicó León Valencia, politólogo e intelectual de izquierda.

Esas ideas, allegadas más a Mijail Gorbachov y su Perestroika: (“No podemos seguir pen­sando que nada cambia. Parece más bien que los que no cambiamos somos nosotros”), que a Marx o Lenin (“la dictadura del proletariado ha fracasado rotundamente”), le valieron en su momento la expulsión del Partido Comu­nista.

Sin embargo, así como en la certeza de mo­rir, este abogado de bigote poblado, pelo crespo y sonrisa amplia, pareció acertar en lo que sería la degradación del con­flicto armado en el país, el fortalecimiento del paramilitarismo en Colombia y el giro equi­vocado de unas Farc sin rumbo ni horizon­te político.

“Estamos en una guerra que no va a ganar nadie”, “ni el secuestro ni la extorsión son un mecanismo de lucha política, ni aquí ni en ningún país de América Latina, la UP no necesita de las Farc”.

Y frases similares, se convirtieron en una con­dena directa a esa lucha armada que consi­deraba inútil, pues estaba seguro de que “la paz se hace con democracia”.

Al tiempo que hacía estas afirmaciones, de­nunciaba el crecimiento alarmante de grupos paramilitares, financiados con dinero del nar­cotráfico y que no dudaba en calificar como “delincuentes comunes”.

“El Gobierno debe hacer caer todo el peso de la justicia no sólo sobre quienes operan las ar­mas, sino sobre quienes los apadrinan y pro­tegen. La sociedad, va a encontrar, hilando, que en la cúspide del paramilitarismo hay gran­des empresarios y personajes de la vida na­cional”, señaló Ossa en una entrevista citada por María Jimena Dussán, en su libro “Crónicas que matan”.

Ante ese panorama, no dudaba en afirmar que sólo una negociación política era la solución para erradicar el conflicto para siempre. Sin embargo, a su juicio, los procesos de paz no podían quedarse en la simple desmovilización y dejación de armas, sino que debían ir más allá, para evitar que se repitiera el extermi­nio al cual, en ese momento, eran sometidos los líderes de la UP.

“Para desmovilizarse es necesario que haya ver­dadera voluntad política por parte de los in­­surgentes y debe haber una verdadera refor­ma política en Colombia, que abra los espacios de­mocráticos”. “No se puede admitir que en un país como Colombia (...) se nos venga a de­cir que la solución es simplemente la entrega de armas y la desmovilización, mientras no se den pasos serios para la democratización de la vida política, social y económica del país”, decía en 1989, durante las negociaciones que a la postre conducirían a la desmovilización del M-19.

Hacía política con una alegría, un desenfa­do y una fogosidad enorme. Y aún así no le qui­taba un milímetro a la vida bohemia de bo­leros y tangos. Derrochaba alegría. Sin embargo, hace 15 años, unos disparos que resonaron en el Puente Aéreo segaron, no só­lo el deseo de presidir a Colombia, sino de cumplir con su anhelo de vida: “Quiero tener la posibilidad de caminar por las calles sin escoltas, sin que la gente me se­ña­le con el dedo, poder entrar a una heladería a comerme un helado, sentarme en la banca de un parque, darles maíz a las palomas, leer una revista o un periódico y entrar a un cine. Ese es mi gran sueño y ojalá lo pueda cumplir muy pronto”.

Bernardo Jaramillo Ossa llegó al Puente Aéreo, una terminal alterna del aeropuerto Eldorado de Bogotá, a las siete y media de la ma­ñana de ese jueves 22 de marzo.
Lo acompañaba Mariela, su esposa, once es­­coltas del Departamento Administrativo de Se­guridad (DAS), dos de la Policía y dos de la Unión Patriótica (UP). La pareja abordaría un vue­lo de Avianca, rumbo a Santa Marta, para gozar de la luna de miel que no habían podido hacer por las múltiples ocupaciones del diri­gente político.

A pesar de ser el hombre más amenazado del país en ese momento, no llevaba puesto el cha­leco antibala que siempre usó. Una afección lumbar que sufría le dificultaba mantener­lo por mucho tiempo. Tampoco portaba el re­vólver calibre 38 que solía llevar en el cinto, y con el cual estaba dispuesto hacer frente a sus enemigos. “A mi no me matan como a un perro, como lo han hecho con mis compañeros”, les decía a sus amigos para justificar el porte del arma a pesar de que nunca había disparado.

Una hora antes, un joven de 17 años, vesti­do de corbata, luciendo un reloj de marca en su pulsera y un maletín en su mano, llegó a la terminal aérea y confirmó un pasaje de Avianca en el mismo vuelo a Santa Marta que más tarde iba abordar Bernardo. Las autorida­des lo identificaron después como Andrés Ar­turo Gutiérrez, el menor de cuatro hijos de una familia que vivía en el barrio Enciso de Me­dellín.

Minutos después, tres hombres se acercaron al joven y le entregaron una subametralladora Miningram, calibre nueve milímetros, y una fotografía del líder de la UP. Luego se aleja­ron. Andrés Arturo cogió el arma, la escondió en su saco y esperó sentado en los pasillos del terminal, fingiendo leer un periódico y es­perando el momento preciso para actuar. Su mi­sión era asesinar a ese hombre.

Quienes lo contrataron no sólo conocían al de­talle el itinerario de Bernardo. Lo habían pre­visto todo para que muriera ese día. Sin que lo supieran, Gerardo Gutiérrez Uribe, otro jo­ven de Medellín, abordaría junto con Andrés Ar­turo el vuelo de Avianca a Santa Marta, para asesinarlo dentro del avión si fallaba el pri­mer intento en el Puente Aéreo. Y en un caso ex­tremo, otro grupo de cuatro sicarios lo espera­ba en el aeropuerto de la capital del Magdale­na.

Gerardo Gutiérrez fue quien asesinó un mes y cuatro días después al candidato a la Presidencia por el Movimiento 19 de Abril (M-19), el recién reinsertado Carlos Pizarro Leongó­­­mez. Ambos fueron entrenados un mes antes por el propio Carlos Castaño, el ex coman­dante de las AUC, quien planeó el magnicidio. En ese momento, Castaño actuaba como el segundo al mando del grupo paramilitar que comandaba su hermano Fidel en Urabá. Des­pués de reclutar a los jóvenes los llevó a una finca cerca de Belmira, Antioquia, donde los adiestró en el manejo de armas y tácticas de escape. Después, en una casa del barrio Bostón de Medellín, completó el adiestramiento con re­vólveres calibre 22 hasta “graduarlos" como si­carios.

Andrés Arturo le disparó a Bernardo a las 8:05 de la mañana. En el momento en que el di­rigente político se acercaba al pasillo de ingreso para abordar el avión, luego que dos de sus escoltas confirmaran los pasajes en venta­nilla. El sicario desenfundó la ametralladora y la accionó escondiéndola con el periódico. En menos de un minuto descargó las 33 balas del proveedor, lo cual provocó la histeria general en el Puente Aéreo.

Bernardo cayó herido, tenía cuatro impactos en el tórax. Mariela, su esposa, confundida, se tiró a su lado para protegerlo. Sus escol­tas reaccionaron y mientras unos recogían a la víctima y lo trasladaban a la Clínica de la Po­licía, donde falleció dos horas después, los demás se lanzaron en persecución del sicario, quien intentó disparar contra sus perseguidores, pero su arma se trabó y terminó capturado.

En octubre de 2001 el Juez Séptimo Especializado de Bogotá condenó en ausencia al líder de las Autodefensas Carlos Castaño a 22 años de prisión, y a Fidel Castaño a 18años de prisión por su asesinato.

Sobre el asesinato de Pardo Leal

“Si la muerte me sorprende no le tengo miedo Soy un hombre dialéctico. El día que me muera vendrán otros mejores a remplazarme"
J. Pardo Leal

De una sencillez que generó simpatías, de una claridad de pensamiento que aglutinó esperanzas populares, de un amante de la paz con justicia que enamoró multitudes. Parte de su legado está hoy presente, a pesar del tiempo, a pesar de la impunidad en que se mantiene el genocidio de la Unión Patriótica.

Un domingo 11 de octubre, hace ya casi 20 años, Jaime Pardo Leal, abogado y líder político de la Unión Patriótica, fue asesinado al regresar de La Mesa, municipio de Cundinamarca a Bogotá.

Fue interceptado cuando se movilizaba en un modesto campero con su esposa, Gloria, y sus hijos Iván, Edison y Fernando quienes resultaron lesionados levemente.

El asesinato de Pardo Leal es parte del genocidio político que se desató contra los integrantes de la Unión Patriótica, remembranza del que antes se había desatado contra el movimiento gaitanista, de la persecución a expresiones de oposición política en los 70.

18 meses después de su asesinato fueron asesinados Bernardo Jaramillo Ossa y José Antequera.

Con el asesinato de Jaime Pardo Leal, se llegó en ese momento a contabilizar los primeros 471 miembros de la U.P. asesinados desde 1985, 20 años después son más de 4.000 los asesinados de esta organización política.

Tomado de: blog El desván


...Cuando el país conoció, estremecido, la noticia del asesinato del líder político de la Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, una característica de la vida social entonces era la creciente confrontación social, signada por la respuesta
del movimiento sindical ante el aumento de la represión oficial y paramilitar y el despojo de sus prerrogativas legales, por un reagrupamiento del movimiento estudiantil, alentado por los avances de la izquierda democrática, pero al mismo tiempo el recrudecimiento de la violencia institucional en todas sus expresiones.

Los grupos paramilitares habían desatado ya su campaña de exterminio. Los organismos
de seguridad del Estado mostraban en forma cada vez más desenfadada su connivencia
con el crimen político. Las fuerzas populares, los trabajadores y la juventud,
de alguna manera coordinaban esfuerzos por cohesionar expresiones de resistencia
y de denuncia pública, ante la comunidad nacional e internacional.

Los trabajadores denunciaban la eliminación física de los afiliados a las organizaciones sindicales. Varios años después, se sabría con horror, que las multinacionales extranjeras, aliadas a los sectores latifundistas y económicos del país, financiaban los escuadrones de la muerte. En Cali, durante los tres días anteriores al crimen de Pardo, sesionaba el Tercer Festival Nacional de la Juventud y los Estudiantes, reunido con el objeto de trazar estrategias de lucha entre los jóvenes, frente a las nuevas realidades sociales. El fortalecimiento del movimiento estudiantil a nivel de secundaria y educación superior, serían una de sus principales conclusiones. Los trabajadores por su parte trataban de armar muros de contención frente a la ofensiva reaccionaria, con movilizaciones y clamorosos llamados ante la comunidad internacional. La Unión Patriótica crecía como espuma en el país.

El mismo Jaime Pardo, que de manera valiente inició una serie de señalamientos, con nombre propio, contra los verdugos, vio incrementarse la estigmatización contra
él desde diferentes flancos. Dos días antes, encabezó una manifestación desde la
calle 26 de Bogotá hasta la Plaza de Bolívar para denunciar estos crímenes. En aquella ocasión, debió abandonar el recorrido por recomendación de sus escoltas, pues la situación era en extremo tensa. De hecho un verdadero escuadrón de matones de la Sijín no se le desprendía en su caminata.

En las horas siguientes, una comisión de la Unión Patriótica, al más alto nivel, se entrevistó con el entonces ministro de Gobierno y le demandó garantías efectivas
para la oposición democrática. Frente a las amenazas contra su vida, el líder de la UP había dicho a los medios de comunicación: “si la muerte me sorprende, no le tengo
miedo. Soy un hombre dialéctico. El día que me muera, vendrán otros mejores a reemplazarme”.

Ya antes, había pronunciado una frase memorable, emblemática del valor, la decisión y el arrojo de aquel hombre, comprometido desde su juventud en la defensa de los intereses populares: “De qué sirve la vida si cuando la tenemos parece muerta. La vida es para lucharla, para vibrarla, para conquistarla. Eso justifica nuestro paso por la tierra”.

Algún diplomático latinoamericano de la época, juicioso observador de la realidad colombiana, refiriéndose al exterminio de dirigentes de la UP, expresó: “Esto no es
una guerra, esto es una cacería humana”.

Tomado de: Voz

Sobre el asesinato de Carlos Pizarro

" Apenas mes y medio después de haber entregado su arma de guerrillero para iniciar lleno de optimismo la vida política, fue asesinado ayer Carlos Pizarro León Gómez, de 39 años, candidato a la presidencia de Colombia por el Movimiento Diecinueve de Abril (M-19). Pizarro es el tercer aspirante a la jefatura del Estado asesinado en los últimos ocho meses. Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, el 18 de agosto; Bernardo Jaramillo, de la Unión Patriótica, el 22 de marzo, y ahora, Pizarro. Son tres pruebas contundentes de que en Colombia la democracia es sólo una palabra.

Pizarro murió víctima de un 'sorteo' de sus asesinos. El atentado contra el ex comandante guerrillero fue reivindicado de inmediato en una llamada telefónica en nombre de Los Extraditables. Ocurrió, en pleno vuelo, en un avión comercial de realizaba la ruta Bogota-Barranquilla, una ciudad del Caríbe. Cinco minutos después del despegue, un hombre joven, que se sentó justamente detrás de Pizarro, se levantó de su asiento, fue al cuarto de baño, recogió allí una metralleta y regresó para disparar todo el cargador del arma sobre el dirigente de izquierda. El sicario murió bajo las balas de los guardaespaldas que acompañaban a Pizarro.

El avión regresó inmediatamente a Bogotá, y Carlos Pizarro fue conducido a la clínica de la Casa de Previsión Social, situada muy cerca del aeropuerto. Allí falleció dos horas después..."

Tomado de El País, ed. 27/04/1990

..."Carlos Pizarro hizo su última declaración a la prensa justamente media hora antes de subir al avión en el que fue asesinado. Habló para la emisora Radio Caracol. Estaba contento, optimista frente a los resultados que podía obtener su grupo en los próximos comicios. El 11 de marzo pasado, en las elecciones parlamentarias, el M-19 obtuvo 100.000 votos, y se había convertido en la tercera fuerza política de Bogotá.

El M-19 ha sido el único grupo guerrillero inteligente que ha dejado las armas. Hace un mes, el 8 de marzo pasado, en las montañas de la provincia de El Cauca, Carlos Pizarro había ordenado a sus tropas guerrilleras: "Por Colombia, por la paz, dejad las armas". En medio del desconsuelo por su muerte, la gente se preguntaba ayer en la calle: "¿Serán válidas unas elecciones después de que tres aspirantes a la presidencia hayan sido asesinados?".

A mediodía, una llamada anónima hecha a la emisora Radio Caracol se adjudicó el atentado en nombre de Los Extraditables. Minutos después otra llamada similar hecha a Caracol Medellín desmintió esta afirmación. Apenas se conoció la noticia de la muerte del ex líder guerrillero se tomaron en Bogotá drásticas medidas de seguridad: ley seca, suspensión de las clases hasta el próximo lunes en todos los centros educativos y acuartelamiento en primer grado. Sin embargo, a mediodía ya se habían presentado las primeras manifestaciones de repulsa. En el aeropuerto y, en algunos puntos centrales de Bogotá la gente organizó mítines para protestar por este nuevo ciimen.

En nombre del M- 19, Antonio Navarro, segundo hombre de este movimiento, pidió la renuncia del presidente Virgilio Barco y la creación de un Gobierno que incluya todas las fuerzas vivas de Colombia. "Entre todos cambiaremos la historia de Colombia. ¡Palabra que sí!", era el lema de la campaña de Carlos Pizarro. Pero ayer esta frase sonaba a utopía. Por esto, tal vez, Juan Antonio, hermano del líder asesinado, dijo: "Las condolencias en este caso no hay que darlas a la familia, hay que darlas al país. Colombia no puede seguir así".

El cadáver de Pizarro fue conducido por la tarde a la Quinta de Bolívar. Precisamente allí, en 1974, con el robo de la espada del Libertador, Simón Bolívar, se anunció el nacimiento del M-19. Pizarro se declaraba discípulo del líder "unificador y latinoamericanista".

¿El M-19 volverá a las armas en caso de que fracase este proceso de paz?, le preguntó EL PAÍS a Pizarro cuando se iniciaron los diálogos que llevaron a la desmovilización de este grupo guerrillero. "La paz es el camino para Colombia, y punto", fue la respuesta del entonces comandante guerrillero.Y es que Pizarro se sentía optimista. Estaba convencido de que a él y a todos los militantes del M- 19 les protegía el hecho de ser honestos. Entregaron las armas; no le estaban jugando doble al país. Siempre en Colombia la derecha justificó la campaña de exterminio contra la Unión Patríótica diciendo que esta agrupación jugaba doble al defender a la vez la lucha armada y la lucha política. Con el asesinato de Pizarro es difficil imaginarse cuál será la justificación. Pizarro tenía enemigos de la extrema izquierda y en la extrema derecha."

Tomado de: Caracol Radio


El guerrillero que quiso ser presidente

Balas de paramilitares acababan, en 1990, con la vida de uno de los dirigentes históricos de la guerrilla colombiana, que por entonces negociaba su retorno a la escena política tras el abandono de la lucha armada: Carlos Pizarro.

“Comandante Pizarro. ¿Hastá cuándo? Hasta siempre”, fue el grito de dolor y rabia que el 26 de abril de 1990 invadió la carrera séptima de Bogotá, colmada por una muchedumbre que marchó a la Plaza de Bolívar tras el asesinato del máximo comandante del grupo guerrillero M-19 Carlos Pizarro Leongómez. Pizarro cayó, como antes otros candidatos presidenciales (Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Jaime Pardo Leal), en la plenitud de su juventud y de su ímpetu revolucionario.

Pizarro navegaba sobre las turbulentas aguas de las disquisiciones internas para dar el gran paso del retorno a la sociedad civil, no derrotado sino animado por la esperanza de ganar la batalla mayor que lo llevaría a la conducción del Estado sobre la base de una nueva Constitución Política y como fruto de una Asamblea Constituyente, tal como lo soñaba también su antecesor en la comandancia del M-19, Jaime Bateman, muerto en un accidente aéreo.

En una rústica mesa de madera, bajo el alar de una choza de tablas y zinc llamada “La Comandancia”, el líder insurgente, con su infaltable sombrero blanco que se constituyó en símbolo, rayaba papeles y un cuaderno trabajando su punto de vista sobre la situación del país y las perspetivas que se abrían con los acuerdos de paz. Uno podía escucharlo durante horas sin agotarse ni interrumpirlo, en razón de su extraordinaria capacidad de comunicación que acompañaba siempre con una oratoria fluida, mezcla de realidad, romanticismo y surrealismo.

Dos fechas y dos imágenes quedan en mi mente al cumplirse 15 años de la inmolación de Pizarro: su rostro de una extraña belleza el día que lo vi dentro del féretro en el Capitolio nacional, y la de una venerable anciana de pelo blanco y rostro dulce que el 26 de abril último depositaba una rosa blanca sobre la tumba del guerrillero, el soñador y político. Se trataba de doña Margoth Leongómez, la madre de este hombre que conquistó uno de los sitiales más importantes en la historia de Colombia.

Carlos Pizarro no logró realizar su sueño de ser presidente, pero sus ideales sobre la Constituyente y una nueva Constitución Política se hicieron realidad en 1991. Quienes pertenecemos a su generación y las generaciones del presente y futuro debemos asumir su legado político para continuar abriendo brechas hacia la construcción del verdadero Estado social de derecho en Colombia.

Luis Alejandro Pedraza

miércoles, 1 de octubre de 2008

Sobre el magnicidio de Galán Sarmiento

El médico personal y coordinador del Nuevo Liberalismo en el Tolima, Augusto Leyva Samper, aseguró que desde que abrieron las oficinas en ese departamento "que veneraba a Santofimio", fueron víctimas de numerosas agresiones y amenazas, cuando Galán subía en la encuestas. "El día del lanzamiento de la candidatura de Santofimio Botero, en el parque Murillo Toro de Ibagué, había una pancarta grandísima que decía : Santofimistas asistiremos al entierro de Galán".

Leyva Samper agregó que la foto de la pancarta fue publicada en el periódico que tenían los Santofimistas. "Luego de la muerte de Luis Carlos en una de las misas que hicimos en Ibagué , una persona se me acercó y me dio uno de los periódicos que aun se repartían. Los del partido empezamos a comprar los que más pudimos y ellos al sospechar dejaron de venderlo. Dos semanas después volvieron a circular pero le tacharon burdamente la parte donde se refería al asesinato". Leyva y el ex presidente César Gaviria dialogaron con el entonces director del DAS , general Miguel Alfredo Maza Márquez y le entregarle la copia del periódico, pero no se supo que pasó con esa prueba.

Una de las inconsistencias que el médico encontró en el proceso, fue la demora en llamar a declarar a quienes tenían información sobre la muerte del líder político. "El asesinato se cometió en el 89 y a mí me llamaron a declarar a penas en el 96, cuando uno ya tiene edad y no se acuerda de ciertas cosas. Esa fue una estrategia, un complot", puntualizó.

"En el cumpleaños de Santofimio brindaron por la muerte de Luis Carlos Galán"

La mujer que fue testigo de las dos reuniones encabezadas por Santofimio donde se habría planeando la muerte del líder del Nuevo Liberalismo, aseguró que en el cumpleaños de Alberto Santofimio en el año 89 hicieron un brindis por la muerte de Luis Carlos Galán y la ascensión al poder de Santofimio y los líderes del narcotráfico. Reveló que apenas supo del "macabro plan", salió corriendo a Bogotá donde se reunió con el candidato presidencial del Nuevo Liberalismo y le insistió en que debía contarle al presidente Virgilio Barco todo lo que se estaba fraguando en su contra. " El presidente lo atendió el mismo día y muy cordialmente le dijo que el gobierno no tenía cómo proteger su vida" , sostuvo el doctor Leyva. "A los pocos días le fue cambiada la escolta de confianza a Galán . El Nuevo Liberalismo y la familia, comenzamos a ver como cosas raras en esa nueva escolta. También le cambiaron el guardaespaldas al que le teníamos más confianza y al que queríamos mucho. Luego sucedió la tragedia de Soacha ", agregó.

Quince días antes de la muerte de Luis Carlos Galán, el médico Leiva Samper había sido víctima de un atentado. "No sé exactamente de lo que se trató. Diez hombres haciéndose pasar por pacientes pidieron las citas de toda una tarde. Llegaron , me encañonaron y me dijeron que venían del DAS buscando droga. Me empezaron a insultar . 0í como recibían una orden por radioteléfono y se fueron. Cuando Luis Carlos supo del incidente se preocupó mucho y se puso muy triste porque, según él, la clase política del país, no estaba moviendo ni un dedo para protegerlo".

"Si a mí me asesinan miren al Tolima, para ver los culpables"

Antonio Melo Salazar , concejal del Nuevo Liberalismo en esa época, fue uno de los testigos de excepción del magnicidio. El abogado Víctor Boadilla le presentó a la mujer que oyó cuando se estaba " cocinando " la muerte de Luis Carlos Galán, en dos reuniones entre políticos y mafiosos en la finca " La Alsacia" a las afueras de Ibagué." Ella habló de "El Mexicano", de Pablo Escobar y de Santofimio. 0freció su testimonió a la Fiscalía. 20 días antes del asesinato de Galán en un desayuno en Popayán en la casa de Mildre Jaramillo, el líder había dicho que "si a mí me asesinan miren al Tolima, para ver los culpables". Para el abogado ciertas pruebas con las que contaba la Fiscalía no fueron estudiadas en su a fondo en su opoprtunidad."Cuando fui a la Fiscalía a declarar hace unos 10 años, me mostraron unas fotos inéditas en donde aparecían en la plaza de Soacha varios hombres con "sombrerito aguadeño" y poncho que parecía ser el uniforme de los bandoleros de la época. ¿Quién anda en mangas de camisa en Soacha por la noche?, preguntó el ex concejal del Nuevo Liberalismo.

La posibilidad de que el ex senador y ex ministro Alberto Santofimio haya sido autor intelectual del magnicidio del caudillo colombiano Luís Carlos Galán no solamente está respaldada por testimonios como el de la ex presentadora de televisión y ex amante de Pablo Escobar, Virginia Vallejo, revelado por El Nuevo Herald, sino que la Policía grabó conversaciones telefónicas entre el político y el extinto narcotraficante que después desaparecieron, de acuerdo con un informe de inteligencia en poder de este periodista.

De acuerdo con la misma fuente, el ex oficial de policía Jacobo Torregrosa, quien fuera jefe de escoltas de Galán, tras el magnicidio, ocurrido el 18 de agosto de 1989, se fue a trabajar con el narcotraficante Pablo Escobar, jefe del poderoso cartel de Medellín, y en el año 2000 murió en la ciudad caribeña de Santa Marta en circunstancias que no fueron explicadas.

Parientes de Galán y expertos en el magnicidio, incluidos amigos personales del líder sacrificado declararon ayer a El Nuevo Herald desconocer por completo estas informaciones, entregadas a este periodista por un alto ex funcionario del DAS, policía política secreta que estuvo a cargo de la seguridad del candidato presidencial.

''Por el fracaso del sistema de protección y del dispositivo de seguridad en Soacha no se produjo ni una sola sanción disciplinaria, muy a pesar de todas las pruebas que comprometían a escoltas y a directivos (del DAS)'', revela el informe.

Además, ``a todos los sicarios (18 en total), los mataron''.

El documento de la división de inteligencia de la Policía Nacional, titulado ''El Caso Galán'', sostiene: ``Informes de inteligencia con grabaciones telefónicas que comprometían a Santofimio desaparecieron del despacho del Director del DAS (de) Antioquia''.

El expediente policial que contiene las revelaciones actualmente es utilizado en ciclos de formación de oficiales sobre protección policial de personalidades.

El ex funcionario estatal que entregó el documento explicó que en las grabaciones desaparecidas ''Santofimio y Escobar hablaban sobre la necesidad de quitar a Galán del medio'' en el camino hacia la presidencia de Colombia, opción que Galán tenía ganada, de acuerdo con las encuestas, para las elecciones de 1990.

Santofimio también aspiraba a ganar en esa contienda en representación del Partido Liberal. De acuerdo con la fuente que entregó el documento, las grabaciones fueron escuchadas por ''bastantes'' oficiales de policía y guardadas en una caja fuerte de la que desaparecieron. Este informe de la Policía nunca fue incorporado al juicio en el que actualmente Santofimio es procesado como posible autor intelectual del magnicidio de Galán en el sentido de que habría sido quien presionó y finalmente convenció a Escobar de la necesidad de asesinar a Galán en uno de los crímenes que más ha lamentado Colombia durante el último medio siglo.

'Ante la evidente intención criminal del cartel de Medellín y la conspiración narcopolítica, el Dr. GALAN dijo: `SI MUERO ASESINADO, PARA ENCONTRAR A LOS CULPABLES, MIREN HACIA EL TOLIMA'

De acuerdo con el informe de inteligencia entregado a El Nuevo Herald, el esquema de protección de Galán, suministrado por el DAS, estuvo infiltrado por el cartel de Medellín y consistió en ``15 escoltas al mando del teniente Ponal JACOBO TORREGROSA MELO, un conductor particular, RAFAEL RINCON, de confianza del PMI (Galán); 5 hombres del equipo de avanzada al mando del Coronel retirado del Ejército HOMERO RODRIGUEZ''.
Entre tanto, los atacantes fueron ``18 sicarios que portaban carné de identificación de inteligencia militar B-2''.

Entre estos últimos figuraban ``JAIME EDUARDO RUEDA ROCHA, asesino del Dr. GALAN, JOSE EVER RUEDA SILVA. HELI MUÑOZ, JOSE ANTONIO TELLEZ alias pantera, JAVIER RODRIGUEZ, MARTIN OLARTE, GONZALO MONTERO, ORLANDO Y ENRIQUE CHAVEZ, HENRY PEREZ, teniente FLORES, sargento HERRERA. Y los sicarios alias Pájaro Loco, alias Germán, alias Peñalosa, alias Cali y alias Pocapena.

El sicario que finalmente asesinó a Galán, dice el informe, fue ``Jaime Eduardo Rueda Rocha (quien) se infiltra junto a la tarima (en la que estaba Galán) con un carné del B-2, con la ayuda de 2 escoltas torcidos (traidores) del Dr. Galán, todos los sicarios debían usar un sombrero blanco, cuando Jaime le dispara al Dr. Galán, los Chávez (dos hermanos sicarios) debían hacer hostigamiento para generar pánico y cubrir la retirada de los sicarios''.

``El combo (grupo) de (alias) Pocapena, se instala en la entrada de Soacha, con eso, si no logran matar al Dr. Galán, ellos le dispararían un rocket al carro del doctor y el teniente Flórez y el sargento Herrera sacarían a los sicarios con carné del B-2 (inteligencia militar)''.

''Ese 18 de agosto de 1989, cuando estaba a punto de ser asesinado, en sus declaraciones el Dr. Galán llamaba a la unidad de los colombianos en torno a la lucha contra el narcotráfico y diversas formas de violencia que se multiplicaban en el país. Predicaba en el desierto. Diversos sectores de los poderes político, económico y militar estaban interesados en esa ola de exterminio que se desarrollaba en el país'', dice el informe.

El caso Galán ocupa el primer plano de atención en Colombia desde que, el pasado 16 de julio, El Nuevo Herald, en la que ha sido considerada como la noticia del año en Colombia, Virginia Vallejo, por primera vez en su vida contó episodios que calló durante años, por miedo a represalias, sobre la manera como el narcotráfico, en alianza con el poder político, cometió crímenes históricos que acorralaron a Colombia, como los magnicidios de Luis Carlos Galán y su correligionario, el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla.

Vallejo, símbolo sexual de los años 80, periodista y estrella de la televisión nacional con cerca de 100 portadas de revistas dedicadas a ella, señala directamente como autor intelectual al ex candidato presidencial, ex ministro de Justicia y ex senador, Alberto Santofimio, actualmente preso en espera de sentencia por la muerte de Galán y la justicia se prepara para dar su veredicto sin haber escuchado la versión privilegiada de Virginia Vallejo y visto las pruebas que ha prometido a la Fiscalía General exhibir para tratar de impedir que el acusado sea declarado inocente (como lo vaticinan medios locales), pues ''eso sería el segundo asesinato de Luis Carlos Galán'', afirma Vallejo.

''Apenas se posesione Galán, te extradita al día siguiente. Tienes que eliminarlo'', solía decirle Santofimio a Escobar, asegura Vallejo. ''Lo único que Santofimio no hizo, fue apretar el gatillo'' y agrega: ''Santofimio era cada vez más descarado con ese tema''. Para ella, ``es el autor intelectual del asesinato de Luis Carlos Galán''.

Tomado de: Caracol Radio

Sobre el magnicidio de Gómez Hurtado

¿Quién mató a Álvaro Gómez Hurtado? En la serie interminable de declaraciones, versiones e indagatorias que se vienen realizando por parte de los organismos judiciales en los últimos meses en distintos procesos, han surgido nuevas versiones sobre el magnicidio del líder conservador, el 2 de noviembre de 1995.

La primera proviene del ex ministro de Defensa del gobierno de Ernesto Samper Fernando Botero Zea. Según su versión, el de Gómez fue un crimen de Estado que involucra al ex presidente Samper. Semejante acusación pone de presente hasta dónde ha llegado la pelea entre estos dos antiguos aliados.

Lo cierto es que un fiscal, Juan Hernando Poveda, viajó hasta Ciudad de México para escuchar a Botero. El ex ministro explicó que había establecido una relación estrecha con Gómez a raíz del conocimiento que tenía este último sobre los temas de su cartera. Se reunieron varias veces para analizar una eventual reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Policía. "El doctor Gómez era un experto en el tema y yo lo escuchaba como el que escucha a un maestro", le dijo Botero a la Fiscalía.

El ex ministro de Defensa explicó que el entonces primer mandatario se puso feliz al saber que se había creado un puente de buen entendimiento entre su gobierno y Gómez Hurtado. Sobre este punto, Botero Zea dijo que tras varias reuniones, y cuando la crisis del llamado proceso 8.000 tocó fondo para el gobierno, Gómez Hurtado tomó distancia de él. "Incluso lo llamé dos veces, llamadas que nunca me respondió", comentó.

El fiscal Poveda le pidió a Botero que explicara con detalle por qué había dicho en la prensa colombiana que el de Gómez Hurtado había sido un crimen de Estado. El ex ministro afirmó que en el interior del gobierno Samper había una creencia general sobre el momento político que estaba viviendo el país: "Que el incendio del proceso 8.000 sólo podía ser apagado con un incendio más grande". Y añadió: "Esa estrategia podía incluir cualquier hecho que estremeciera al país".

Antes de advertirle al fiscal Juan Hernando Poveda que no quería hablar más hasta tanto las autoridades no le garantizaran la seguridad de sus familiares residentes en Colombia -"es que este tema me da miedo"-, Botero Zea tocó los que para la Fiscalía pueden ser los aspectos clave de su declaración: primero, que Samper Pizano veía a Gómez Hurtado como un eventual enemigo; segundo, que, sin autorización legal, funcionarios del DAS le hacían seguimientos y labores de inteligencia al fundador del Movimiento de Salvación Nacional, y tercero, que por la reacción y los comentarios que le hizo Samper, 48 ó 36 horas después del magnicidio -vía telefónica- es que puede asegurar que el de Álvaro Gómez fue un crimen de Estado. "Existía a nivel del alto gobierno, y en particular del presidente Samper", la creencia de que "la mayor amenaza para la supervivencia del gobierno y su integridad estaba representada por el doctor Álvaro Gómez Hurtado", concluyó.

El de Botero no es el único testimonio que le achaca un origen político al magnicidio de Álvaro Gómez. El confeso narcotraficante Hernando Gómez Bustamante, alias 'Rasguño', en vísperas de ser extraditado a Estados Unidos, dio una versión semejante, aunque con algunas variaciones. Señaló, también, que el objetivo del asesinato fue tender una cortina de humo para desviar la atención del proceso 8.000, y dijo que el autor del crimen "fue la mafia". Agregó que: "Fue un amigo muy cercano que se creía un político importante y quiso con eso ayudarles a algunos políticos comprometidos en el escándalo del 8.000". La asociación del testimonio de Botero con el de 'Rasguño', con la coincidencia de la 'cortina de humo' fue lo que le dio validez a la denuncia de Botero, la cual había sido inicialmente descartada por inverosímil.

Gómez hacía disquisiciones filosóficas con frases ambiguas como "Samper no puede renunciar, pero tampoco puede quedarse". Hasta el momento, la hipótesis más probable sobre el magnicidio tiene que ver con la posibilidad de que se había fraguado un posible golpe de Estado como salida a la crisis política, y que a Gómez, quien conocía los planes, lo silenciaron para evitar que se develara la conspiración. La versión no está comprobada, pero es la más creíble.

Tomado de: diario La Patria