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jueves, 25 de diciembre de 2008

DISCURSO DE CLAUSURA - ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (Colombia, 1991)

La opinión pública colombiana sintió el impacto de una poderosa dialéctica. La Constituyente de 1991 tiene a medida que pasan los días, un caudal mayor de admiradores, personas que jamás llegaron a pensar que pudiese existir tanto consenso y tanta concordia entre fuerzas tan disímiles y heterogéneas. Allí se debatieron tesis de profundo contenido social y sublime vocación nacionalista.

El pensamiento de las personas que deliberaron en la Asamblea Nacional Constituyente, doblegó la capacidad de resistencia de aquellos que se declararon abiertamente enemigos de ua reforma. Durante cinco meses se predicó con fe y con valor a un heterogéneo auditorio, que no deseaba oír, porque tenía temor de los cambios. Allí se estaba gestando la estructura jurídica de una nueva Colombia.

Y la Nación entera, una vez creada la nueva obra, empezó a admirarla y quererla. Se percató de que era mucho más que algo original y significativo, que dentro de una sociedad donde impera la blandura del ánimo y las actitudes vacilantes, 74 caudillos se levantaron sobre sí mismos para gritar a los cuatro vientos que buscaban el triunfo por la reciedumbre del carácter, por la sinceridad de las propuestas, por la valentía de los sacrificios y por el mantenimiento intangible de la autoridad.

Se hizó al país la propuesta de legislar y reformar mediante un gran movimiento de fundamentales solidaridades. Un gran movimiento de concordia nacional, que no fuera la expresión de tendencias izquierdistas ni derechistas, sino manifestación de la más pura tradición republicana y naturalmente de las imperiosas necesidades del Estado moderno.

En la Asamblea se dijo con solemnidad: ´Tenemos derecho a pedir que se nos crea, precisamente porque se nos ha concedido oportunidades de mando. Creemos poder hacer más que quienes ya legislaron y no hicieron´.

La Constituyente cambio al país. El problema de nuestra generación es que la magnitud del cambio nos hace difícil ser auténticos hombres de nuestro tiempo y ahí es donde la Asamblea Nacional le pudo servir a Colombia.

[...]

El 4 de julio de 1991 será recordado por todos los colombianos como símbolo de grandeza. Ese día la civilidad se impuso a la barbarie, la inteligencia a la fuerza y la cordura del espíritu a la insolidaridad de los propósitos.

Ese día Colombia fue omnipotente y omnímoda, lo podía todo y de cualquier manera.

[...]

EL RÉGIMEN ECONÓMICO.


Desde siempre hemos ambicionado sentar las bases que permitan enfrentar con éxito los problemas que plantea el desarrollo. Necesitamos aumentar significativamente nuestros índices de crecimiento económico, elevar el ingreso nacional hasta un nivel que contribuya a una posterior y saludable redistribución del mismo entre los colombianos todos, sostener un ritmo creciente de las exportaciones, modernizar nuestro aparato productivo haciendo especial énfasis en el sector agropecuario y ofrecer niveles satisfactorios de empleo. Son todos estos grandes propósitos nacionales cuya importancia no hemos vacilado en subrayar; de por medio está nada menos que el porvenir de los colombianos. Ello exige, desde luego, un grado tolerable pero suficiente de intervencionismo estatal a fin de ordenar toda la actividad y los esfuerzos de que somos capaces. Por consiguiente, hemos de optar por una concepción más activa del Estado que aquella implícita en la tradición demoliberal de nuestro derecho público. Se necesitan nuevas normas que encaucen y den sentido a la acción del Estado y que, al propio tiempo, rodeen de seguridad a sus destinatarios. El Estado debe disponer de una normatividad que le permita actuar con eficacia en el sentido en que lo exigen las circunstancias del país.

[...]

El nuevo régimen económico aprobado por la Asamblea no puede examinarse, tampoco, a la luz de algunas de sus disposiciones, vistas aisladamente. Su interpretación ha de realizarse en forma integrada y armónica, atendiendo a todas las normas que lo conforman. Si bien es cierto que se establecen disposiciones que muchos pueden calificar como de “tendencia socializante o colectivista” (v. gr. la autorización a la ley para que prevea estímulos que permitan a los trabajadores participar en la gestión de las empresas, la nueva figura de la expropiación por vía administrativa consagrada en le inciso 4º del artículo 58, etc.) no es menos cierto que las garantías inherentes a la “economía de mercado, como el derecho a la propiedad privada en sus diversas manifestaciones que recogiendo la formulación original de la Constitución de 1886 se preve en el Art. 58, la libertad de escoger profesión u oficio (Art. 26), el derecho de asociación (Art. 38), la libertad de iniciativa privada, de empresa y de competencias económica (Art. 333) entre muchas otras.

La nuestra sigue siendo, entonces, una economía de corte occidental. Tenemos, en síntesis, una “economía de mercado” esencialmente libre que simultáneamente reclama un grado adecuado de intervención estatal para prevenir la aparición de restricciones monopolísticas, establecer controles de calidad sobre los bienes y servicios que se ofrecen al a comunidad, asegurar la explotación racional de los recursos naturales, garantizar la prestación eficiente de los servicios públicos y, en fin, el logro de esto objetivos vinculados a la prosperidad general.

Las modificaciones al régimen económico estuvieron centradas, primordialmente, al rededor de tres temas: la institucionalización de la planeación participativa, la necesidad de asegurar la estabilidad monetaria y, por último, las finanzas intergubernamentales.

[...]

EL NUEVO RÉGIMEN DEL CONTROL FISCAL: UN VALIOSO INSTRUMENTO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MORAL.


La recuperación de la moral ha sido siempre la razón última de nuestros más grandes esfuerzos. La hemos convertido quizá en la más elemental de nuestras propuestas a la opinión nacional, y justamente por ello es, entre todas, la más importante. Es este un propósito llamado a tener perdurabilidad; está demostrado que no hay nada más vulnerable a los embates que resquebrajan el sentido y los principios de la moral, que el ejercicio continuado de funciones públicas. La moral en la actividad administrativa es hoy una exigencia de la democracia.

Un número significativo de las disposiciones aprobadas por la Asamblea Constituyente fueron concebidas para anticiparse a los desmanes que violentan las reglas elementales de la ética. En casi todas las nuevas instituciones puede apreciarse, claramente, esa intención. La moral administrativa es una sola, pero tiene diversas manifestaciones específicas. La más importante de estas se refiere a la pulcritud con que deben manejarse los dineros públicos, el patrimonio económico de la Nación. Para cumplir esta función se ha organizado la Contraloría General de la República. Entidad esta que hubo de sufrir una de las transformaciones más radicales que decidió la Asamblea, hasta el punto de que fue vista por muchos como una reforma complementaria de la del Congreso. El objetivo consistió, fundamentalmente, en liberar a la contraloría de los condicionamientos a que estuvo sometida en los últimos años por causa del influjo clientelista. En adelante desarrollará su importante labor fiscalizadora en atención a criterios exclusivamente técnicos. La elección del Contralor se efectuará por el Congreso en pleno, como lo exigen principios clásicos de la democracia, pero en ella tendrán participación las más altas jerarquías de la justicia, como la Corte Suprema, el Consejo de Estado, y la Nueva Corte Constitucional. Su no reelegibilidad garantiza una actuación transparente, desprovista de negativos afanes inmediatos.

El fortalecimiento de la Contraloría se evidencia en las nuevas y vigorosas funciones que la Asamblea Constituyente le atribuyó. En efecto, corresponde ahora al Contralor no sólo señalar los criterios de evaluación de resultados sino también establecer el grado de eficacia, eficiencia y economía con que obren los administradores de los recursos públicos. Se introduce así el novedoso sistema de control de gestión, que permite medir la oportunidad y el buen sentido conforme a los cuales se invierten los dineros de la Nación, además de la legalidad propiamente dicha de las actuaciones correspondientes. Por otra parte, se le concedió la facultad de ejercer jurisdicción coactiva para hacer efectivas las deudas que por conceptos de responsabilidades fiscales resulten en favor de la Nación. El principio de “verdad sabida y buena fe guardada”, cuya importancia para el gran propósito que es la recuperación de la moral en la administración hemos advertido en forma insistente, tuvo generosa acogida en este trascendental capítulo de la reforma. Su aplicación permitirá proteger en forma más categórica y ejemplar los intereses nacionales; conforme a él se podrá exigir la suspensión inmediata de los funcionarios contra quienes resulten evidencias razonables de que están defraudando al Estado. Finalmente, ahora no quedaran destinados a los anaqueles los resultados de las investigaciones previas adelantadas por la Contraloría. Estos deberán ser obligatoriamente considerados por la Fiscalía General de la Nación y, posteriormente, por los jueces que conozcan de las acusaciones que esta formule.


LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.


El medio ambiente es el patrimonio natural de todos los colombianos; por ello, preservar la naturaleza es defender un bien común. Este es ahora uno de los grandes propósitos nacionales sobre cuya trascendencia y alcance definitivamente no podemos tener discrepancia alguna. Antes bien, debe convertirse en un objetivo fundamental que convoque la solidaridad de todos y nos comprometa positivamente en forma individual y colectiva. En ello radica, sin duda, una de nuestras mayores responsabilidades para con las generaciones futuras y, por qué no, también frente a la comunidad internacional. Máxime cuando sabemos que Colombia es depositaria de no menos de la décima parte de la biodiversidad del mundo.

El deterioro progresivo de nuestras zonas forestales, verdaderamente exuberantes en épocas no muy lejanas; la persistente contaminación y destrucción de nuestras fuentes de agua y la pérdida irreparable de los nutrientes elementales de los suelos y su incesante erosión, constituyen un proceso desolador cuyos efectos se ciernen gravemente como una amenaza colectiva contra el bienestar de los colombianos; pues, a más de conllevar un perjudicial impacto ambiental, reducen el área de nuestra frontera agrícola y ponen en peligro la seguridad alimentaría nacional.

Por todo esto, ningún tema como la necesidad de proteger el medio ambiente logró suscitar tantas coincidencias en el seno de la Asamblea Constituyente. “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano”, reza al artículo 79 de la Constitución política. Pero la mayor importancia de las nuevas disposiciones radica en que tienden a atribuir responsabilidades precisas por el cuidado de nuestras riquezas naturales. Así, del mismo modo que la sanidad del medio ambiente se consagra como uno de los derechos colectivos a que legítimamente pueden aspirar los colombianos, se prevé también como una obligación con carácter de deber cívico. De otro lado, las facultades de intervención del Estado quedan ampliadas a fin de permitirle actuar eficazmente sobre las actividades de los particulares que incidan en el equilibrio ecológico. Finalmente, cuando quiera que sobrevengan hechos extraordinarios que perturben o en forma grave e inminente puedan perturbar la normalidad ambiental, el gobierno nacional tiene la posibilidad de utilizar el valioso instrumento del “estado de emergencia” para afrontarlos exitosa y oportunamente.


LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.


La justicia no se reconstruye por muchos principios que se consagren, porque ella ha sido tan distante que cuando desapareció no nos dimos cuenta. Por ello es necesario ubicarse en un terreno práctico para su recuperación con la aprobación de unos principios y la creación de unos mecanismos que así lo permitan. Se debe intentar llegar a resultados no sólo apetecibles, sino necesarios, porque hemos ido contrayendo una deuda con el Estado. Hemos establecido, y casi admitido, que los términos judiciales no se cumplen, lo cual está removiendo la credibilidad en la justicia, como necesidad de la convivencia.


DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA


En el campo judicial coincidimos en la creación de un organismo que racionalice y haga más eficiente la organización de una justicia excesivamente lenta como la nuestra, en donde la congestión de los despachos judiciales termina frecuentemente en denegación de la misma.

La experiencia demostró que es necesario darle una mayor flexibilidad a la organización judicial para que cada día pueda ajustarse a las cambiantes y exigentes necesidades de la sociedad. Por ello propusimos dotar al Consejo Superior de la Judicatura de una serie de funciones y mecanismos que le permitan a dicha entidad garantizar la ejecución de los principios que aprobamos sobre administración de justicia, la facultad de determinar el área territorial de los distritos y circuitos y, al mismo tiempo, fijar la competencia de los mismos. Lo mismo que la de definir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones.

El Consejo Superior de la Judicatura ha sido concebido como una unidad jurídico-administrativa que englobe aquellas funciones, hoy dispersas, en las cuales se afianza la eficacia de la Administración de Justicia.

Se pretende concebir al Consejo Superior de la Judicatura como una empresa. Su carácter administrativo tendría como propósito modernizar todas las instituciones de apoyo al sistema judicial y concederle a la carrera administrativa de la rama, no sólo independencia, sino un vigor suficiente para que sea la base de la importante capacidad nominadora que se le atribuye.


DEL MINISTERIO PÚBLICO


Con la denominación “Defensor del Pueblo”, en lugar de Procurador General y elegido popularmente, salió de la Comisión Cuarta para la Plenaria de la Asamblea el encargado de dirigir ese importante organismo de fiscalización del Estado. Su elección popular, mediante el voto directo de los ciudadanos, sería lo más “deseable y democrático” pero, no garantizaría la mejor elección de los aspirantes a ocupar el cargo. De todos modos se le introdujo una modificación sustancial a su elección, -lo va a elegir el Senado-, lo cual parece justificado si se tiene en cuenta al carácter representativo de la Nación entera que va a cumplir esa corporación en adelante. Asimismo, preferimos la denominación PROCURADOR GENERAL DE LA NACION, que tiene una muy honda y arraigada tradición entre nosotros. La figura del “Defensor del Pueblo”, además de ser tomada de la Constitución española, no traduce fielmente el alcance institucional de las funciones que cumple el Procurador General porque este funcionario no sólo interviene para defender los intereses de la sociedad, sino que debe hacerlo en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, de los derechos y garantías fundamentales.

En cambio se creó la institución del “Defensor del Pueblo” a la manera de OMBUDSMAN, para que vele por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechos humanos; dirigir la defensoría pública; invocar el derecho de Habeas Corpus e interponer el recurso de queja y las acciones de tutela y amparo, como garantía de la preservación de los derechos fundamentales. Cumplirá sus funciones bajo la direccion del Procurador General de la Nación. Será elegido por la Cámara de Representantes de terna elaborada por el Presidente de la República.


FISCALIA GENERAL DE LA NACION


Podría afirmar que la institución que más merece destacarse, dentro de las creadas para el rescate de la justicia, es sin lugar a dudas la Fiscalía General de la Nación. Este organismo, que propusimos e hicimos aprobar en la malograda Reforma Constitucional de 1979, va a reestructurar toda la política criminal del Estado, particularmente en materia de investigación y persecución de los delitos. Existe consenso en el país en el sentido de que una de las fuentes directas del grave problema de la impunidad reinante en Colombia y de la falta de credibilidad de nuestras gentes en el servicio público de la justicia, es la insuficiencia en el recaudo de las pruebas y la debilidad e ineficacia de las investigaciones penales. Reconocemos, desde luego, que a ese fenómeno de escepticismo concurren factores tales como el hecho de que el mismo funcionario tenía a su cargo la investigación, la acusación y el juzgamiento, sin contar con los elementos necesarios para hacerlo. Ese sistema sólo existe para los jueces municipales. En los juzgados de circuito y superiores, si bien es cierto la función de investigación y juzgamiento ya se había separado, se hizo necesario consagrarla constitucionalmente para que el Fiscal General tenga en definitiva el monopolio de la investigación.

En lo atinente al origen y ubicación del Fiscal General, no estuvimos muy de acuerdo con el proyecto del Gobierno que proponía hacer del Fiscal un agente del Ejecutivo con el argumento de que debía preservarse tal vínculo para garantizar su impulso y el compromiso del Gobierno en materia de investigación, lo cual sería válido para delitos como el terrorismo que en Colombia no se podría combatir sin el apoyo del Gobierno.

Como debimos reconocer el hecho de que el Fiscal investiga, instruye, califica y acusa, resulta elemental entender que este funcionario realizará actividades jurisdiccionales; vale decir, en alguna medida administrará justicia. En esta circunstancia se encuentra la justificación del por qué el Fiscal estará vinculado funcionalmente a la Rama Jurisdiccional y no al Ejecutivo.

Del mismo modo, debemos señalar que lo adoptado no fue el sistema acusatorio con el alcance que se conoce en otros países, sino una fiscalía a la “colombiana” como se estila decir en el lenguaje coloquial. La mejor demostración de ello -según lo aprobado- es que el Fiscal investigará lo favorable como lo desfavorable del procesado.

Al Fiscal General le corresponderá dirigir y coordinar todos los cuerpos técnicos de investigación, incluida la policía judicial. Dentro de las garantías constitucionales, el Fiscal tendrá amplios poderes para enfrentar todas las manifestaciones de violencia que genera el delito. Dentro de su ámbito de poderes, se consagra la facultad para ordenar la detención preventiva de cualquier delincuente, de adoptar medidas necesarias para buscar la indemnización de las víctimas y la protección de los testigos.

Además de la autonomía administrativa y presupuestal que tendrá la Fiscalía General de la Nación, otro aspecto que hay que destacar dentro de las atribuciones especiales que se le señalaron, es lo relativo a la competencia de que va a quedar investido en todo el territorio nacional. Con lo anterior creemos superar muchos de los problemas de nulidades que surgen por colisiones de competencia. Es lo que los expertos llaman UNIDAD DE INSTRUCCION.


DE LA CORTE SUPREMA, LA CORTE CONSTITUCIONAL
Y DEL CONSEJO DE ESTADO


DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - Al suprimirle el control de constitucionalidad y adscribírselo a la Corte Constitucional, la actual Corte Suprema quedará reducida a la condición de Tribunal de Casación. Con ese carácter, hubiera preferido haberse impedido el fenómeno de la tercera instancia que le resta celeridad a las decisiones judiciales. Para ello propuse que la Corte de Casación no se ocupe en el recurso de revisión, ya que este podría ser tramitado como un nuevo juicio y que, por el contrario, su conocimiento fuera de competencia de los Tribunales Superiores.

El propósito era dejar la denominación de Corte Suprema de Justicia para la reunión de la Corte Constitucional y la Corte de Casación, en un cuerpo, con el fin de adelantar el juzgamiento del Presidente de la República y de los altos funcionario del Estado. esta función será de competencia de la Corte Suprema como Tribunal de Casación.

DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. - La manera como quedó diseñada la Corte Constitucional no desconoce la experiencia colombiana en materia de control de constitucionalidad, ni prescinde de uno de sus mayores aportes al Derecho Público universal, como lo es la acci_n pública de inconstitucionalidad. En su conformación van a participar las tres ramas del poder, lo cual descarta la posibilidad de que se convierta en un tribunal político en el sentido innoble del vocablo.

Ese origen político de la Corte Constitucional es como una forma de proyectarse en la vida civil. Si hay un punto en que se encuentran el Derecho y la Política -como expresaba alguien- ese es definitivamente el campo del Derecho Constitucional. Mediante la doctrina, los fallos constitucionales y la interpretación del fenómeno político se puede contribuir a moldear las instituciones que nos gobiernan y a rediseñar la organización del Estado.


JURISDICCIONES ESPECIALES


Se reconoce la jurisdicción de las autoridades propias de los pueblos indígenas dentro de su ámbito territorial y la vigencia de las normas y procedimientos de justicia propias que no atenten contra la Constitución y las Leyes. La ley establecerá la forma de articularlas con el Sistema Judicial Nacional.

También se creó la figura Jueces de Paz quienes podrán ser elegidos popularmente en cada municipio para resolver en equidad los conflictos individuales y comunitarios.

Creo que dentro de la búsqueda de mecanismos alternativos, no judiciales, de solución de conflictos menores, encontramos como una buena fórmula la de los Jueces de Paz o de causas menores que tienen su origen en las comunidades tribales y en las sociedades más antiguas.

Entre nosotros los propios alcaldes municipales de las regiones mas apartadas han cumplido funciones de “amigables componedores” contribuyendo de esa manera a la solución de pequeños conflictos en sus respectivas comunidades, como una modalidad de justicia de paz.


DEL NUEVO RÉGIMEN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL


Se consideran entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios en que se dividen aquellos y los territorios indígenas. La ley podrá darle el carácter de entidades territoriales a la regiones y provincias que se constituyen en los términos de esta Constitución. Las entidades territoriales gozarán de autonomía para la gestión de sus intereses. Tendrán derecho a: gobernarse por autoridades propias, ejercer las competencias que les correspondan, administrar sus recursos, establecer y adoptar los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones y participar en las rentas nacionales.

La Ley Orgánica de ordenamiento territorial establecerá la distribución de las competencias entre la Nación y las entidades territoriales.

Con el cumplimiento de los requisitos que la ley señale y en los casos que ella determine, los habitantes de las entidades territoriales podrán presentar proyectos sobre asuntos que son de competencia de la respectiva corporación pública, la cual está obligada a tramitarlos, a decidir sobre las disposiciones de interés de la comunidad a iniciativa de la autoridad o corporación correspondiente o por no menos del 10% de los ciudadanos inscritos en el respectivo censo electoral y elegir representantes en las Juntas de la empresas que presten servicios públicos dentro de la entidad territorial respectiva. Del mismo modo, en desarrollo de los principios generales que fije la ley, podrán establecer las condiciones de acceso al servicio público, de ascenso por mérito y antigüedad; de retiro o despido, que deberán aplicarse a partir del primero de enero de 1993.

Por mandato de ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas fronterizas podrán adelantar directamente con la entidad territorial limítrofe del país vecino del mismo nivel, programas de cooperación e integración dirigidos a fomentar el desarrollo comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente.

En los casos que determine la ley, se realizará un examen periódico de los límites de las entidades territoriales y, como resultado, se publicará el mapa oficial de la República.

DE LAS REGIONES


De acuerdo con la Constitución dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación, con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal es el desarrollo económico y social del territorio bajo su administración.

La ley orgánica de ordenamiento territorial establecerá las condiciones para la conversión de la región en entidad territorial. La decisión que tome el Congreso se someterá, en cada caso, a referéndum de los ciudadanos de los departamentos interesados, previo concepto de la comisión de ordenamiento territorial. Las atribuciones, los órganos de gobierno, los recursos, las rentas de las regiones, y su participación en el manejo de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Regalías, le corresponde establecerlos a la ley; lo mismo que la definición de los principios para la adopción del estatuto especial de cada región.

Como puede apreciarse, se le defirió la posibilidad a la ley para que hacia el futuro esta pueda darle categoría de entidad territorial al nuevo concepto de región que se incorporó a la Constitución.

No hemos tenido la convicción plena de que Colombia sea un país de regiones o que su geopolítica tenga tan marcada esa tendencia, no obstante lo abrupto de su geografía. Con excepción de los constituyentes de la Costa Atlántica, partidarios fervorosos de las bondades de esta iniciativa, la bandera de la regionalización no formó parte de las preocupaciones de la mayoría de los constituyentes o de los representantes de las demás zonas geográficas de la Nación. Sólo algunos de ellos traían en sus plataformas de trabajo la REGION, pero vista como ente de planificación del desarrollo regional; entendida como órgano encargado del diseño de planes y programas para el desarrollo regional, pero no como entidad territorial. Se ha buscado asimilar la experiencia del CORPES de la Costa Atlántica para extenderla a aquellas “zonas” del país con identidades geográficas, históricas y socioeconómicas para el mejor manejo y aprovechamiento de sus recursos; características heredadas de las antiguas provincias. La regionalización la habíamos entendido como una manera de concebir la planificación del desarrollo regional a la manera de las corporaciones autónomas regionales -si se tiene en cuenta la impotencia y caduca estructura de los actuales departamentos- pero no como una entidad con autonomía territorial.

De esta suerte podríamos decir que nos gustan las regiones pero como entidades panificadoras y de fomento del desarrollo de las comunidades que agrupan.

No con el carácter de autonomía territorial. Ese modelo no contribuiría a fortalecer la unidad nacional, sino a desvertebrarla. Lo que necesitamos es descentralizar el desarrollo que vamos a logar con el nuevo concepto de la planeación que hemos llevado a la Constitución.

De todos modos hemos establecido las bases constitucionales para que los habitantes de los departamentos decidan en un plebiscito su transformación progresiva en regiones. Pero quiero dejar la impresión de que con la excepción de la Costa Atlántica, la Orinoquía y la Amazonía, no encuentro a las “regiones” como una realidad en la vida colombiana que obligue a darles la categoría que se persigue. Ni siquiera los departamentos del eje cafetero -el antiguo Caldas- que conforman una unidad geográfica y económica pudieron mantenerse unidos en el pasado. ¿Nos preguntamos qué lazos comunes tan fuertes pueden existir entre las gentes de la Guajira y Sincelejo que haga necesario aglutinarlos en una región? Departamentos estos a los que ni siquiera une o divide el Río Grande de la Magdalena.


DE LAS PROVINCIAS


Aunque dejaron de existir como unidades político-administrativas con la Reforma Constitucional de 1945, sus profundas raíces permanecieron como huella indeleble en el sentimiento y la conciencia de los colombianos. Sus antiguos vínculos eran tan estrechos que llegaron a configurar una unidad geográfica y espiritual integrada por “pueblos” unidos por la misma historia, las mismas creencias, la misma raza y las mismas leyendas. En algunas regiones del país se ha seguido hablando de ella como si fuera una realidad tangible, asi hubiera perdido su rango constitucional. Tal es el caso de la “Provincia de Ocaña” o de “Pamplona”.

Con la nueva Constitución, las Asambleas departamentales, con sujeción a los requisitos que señale la ley, podrán organizar de nuevo las antiguas provincias como un viejo anhelo de los colombianos.


DEL RÉGIMEN DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL


Además de tener los departamentos autonomía para los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio, ejercen funciones administrativas, de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y el municipio y de prestación de los servicios que determine la Constitución y las leyes.

De otra parte vale la pena destacar como una de las grandes innovaciones el carácter popular en la designación de los gobernadores. En ese sentido el Gobernador será agente del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y para la ejecución de la política económica general, así como para aquellos asuntos que acuerden la Nación con el departamento mediante convenio, asimismo los gobernadores cumplirán la importante función de escoger de las ternas enviadas por el jefe nacional respectivo, los gerentes o jefes seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional.

En el mismo sentido las Asambleas departamentales cumplirán funciones muy similares a las que hoy tienen señaladas. Pero los planes y programas de desarrollo y de obras públicas serán coordinados por ellas e integrados con los planes y programas municipales, regionales y nacionales. Del mismo modo podrán delegar en los concejos municipales las funciones que la ley determine.

La elección popular de gobernadores, en cierta medida, nos arrastra un poco hacia una especie de federalismo a la colombiana. Hubiéramos sido partidarios de mantener el mecanismo de designación de los gobernadores por parte del Presidente de la República, pero sustrayéndolos del manejo tradicional del “clientelismo” como una sana diversión. Pero como hemos adoptado la noción de “democracia participativa”, encontramos que la elección popular de los jefes de las administraciones seccionales armoniza con esa manera de concebir el sistema democrático, que no es otra cosa que vincular al pueblo a la toma de las decisiones y del escogimiento de sus autoridades más próximas. Además, queremos ensayar con los gobernadores los óptimos y apetecibles resultados que obtuvimos con la elección popular de los alcaldes municipales.

En cuanto al régimen municipal, se mantiene al municipio como entidad fundamental de la organización político-administrativa del Estado. Su período como el de los gobernadores se extienda a tres años; lo propio ocurre con las Asambleas departamentales y los concejos municipales. En cuanto a las últimas corporaciones, debemos registrar como una de las grandes novedades, porque no tiene antecedentes en la vida institucional del país, el hecho de que los concejales tengan derecho a honorarios por su asistencia a las sesiones en dichos concejos.


DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS


La conformación de estas nuevas entidades territoriales se hará con sujeción a lo que disponga la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial. Su delimitación se hará por el Gobierno Nacional, con participación de los representantes de las comunidades indígenas, previo concepto de la comisión de ordenamientos territoriales.

Los resguardos son de propiedad “colectiva” y no podrán ser enajenables.

Debemos expresar nuestra satisfacción por el carácter de entidad territorial que se le ha dado a los territorios indígenas, luego de tantos años de marginalidad y olvido. Es un acto de justicia social el reconocimiento que se le ha hecho en todos los órdenes a nuestra raza nativa.


BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL


Santa Fe de Bogotá, capital de la República, del departamento de Cundinamarca y sede de los poderes públicos nacionales, será convertida en Distrito Capital a partir de la vigencia de la nueva Constitución; iniciativa esta cuya adopción se venía proponiendo desde la reforma de 1945. El carácter de Distrito Capital, a nuestro juicio, sólo admite como justificación el hecho de darle a ciudad una mayor jerarquía, una categoría distinta a las de las demás ciudades y distritos, sobre lo cual, al parecer, hubo consenso dentro de la Asamblea. Su régimen político, fiscal y administrativo será el que determine la Constitución, las leyes especiales que para el mismo se dicten y las disposiciones vigentes para los demás municipios.


LA TRANSFORMACION DEL CONGRESO


El Congreso es el instrumento que permite contar con leyes de las que cabe presumir su bondad y justicia intrínsecas, por lo que puede exigirse perentoriamente su vigencia plena. Hemos anhelado dotar a la ley del mayor vigor y eficacia. Y el primer presupuesto que debe cumplirse es el de poder contar, con breve plazo, con un órgano legislativo completamente renovado y transparente en el desarrollo de la elevada misión que la sociedad le ha confiado. Trátase, en fin, de tener un Congreso eficiente y ageno a todo factor que pueda perturbar el adelanto de sus tareas, recogiendo así una legítima aspirasen nacional, que no es otra que la de convertirlo en el foro supremo de la nueva política que ha de surgir cuando tenga aplicación la reforma constitucional. El Congreso tenía que ser liberado cuanto antes del sinnúmero de condicionamientos externos que deterioraron gravemente su imagen ante el país y lo sumieron en el descrédito generalizado. El propósito era, y de ello no podía haber duda, el de dignificarlo a través de una modificación sustancial de su régimen constitucional.

Finalmente, la necesidad de asegurar la vigencia y perdurabilidad del nuevo marco institucional, así como la de dar viabilidad a su reglamentación legislativa, hizo obvia la consecuencia de convocar a elecciones con el objeto de integrar un nuevo Congreso que refleje auténticamente la nueva política que hemos impulsado siempre y ahora estamos inaugurando.

Tenemos el sincero convencimiento de haber alcanzado este propósito. Se ha recuperado no sólo el sentido original de esta institución sino también el principio de la responsabilidad de sus miembros frente a las expectativas generales. Hemos participado nada menos que se reencuentro con el camino del bien común. En adelante, es de esperar que el Congreso convoque toda la solidaridad de que somo capaces.

De los términos de la reforma se desprende una caractística especial que quizá no ha sido notada a aún. En efecto, el Congreso surge ahora con una función superior a la propiamente legislativa que le permite, mejor, coordinar y regular las facultades normativas que la Constitución entrega a otras autoridades, como la Junta Directiva del Banco de la República y la entidad autónoma que habrá de manejar la televisión colombiana.

De otro lado, hay que subrayarlo, se ha querido vigorizar las funciones de control cuyo ejercicio le es inherente al Congreso y saludable a la democracia nacional. Se tendrá así un adecuado y eficaz dispositivo de control político sobre las actividades gubernamentales; pero es de aclarar, sin embargo, que esta función no recae propiamente sobre la aplicación de un programa político, pues ello no guardaría relación con nuestro régimen presidencial, sino que a través suyo habrá de verificarse la eficacia del Gobierno para atender a las cambiantes circunstancias de la vida nacional y, especialmente, para dar respuesta a las aspiraciones comunes.

Se ha dicho que la transformación del Congreso ha desmeritado y, aún, opacado la figura de los congresistas individualmente considerados. Ello no es rigurosamente cierto, el propósito no ha sido otro que el recuperar la institución, y para tal fin ha resultado indispensable fortalecer las reglas del trabajo colectivo de sus miembros. La persona del congresista continúa siendo inviolable por las opiniones emitidas en el curso de los debates y, a más de ello, se le ha dotado de un fuero especial que le garantiza ser juzgado solamente ante la Corte Suprema de Justicia, previniéndose así la peligrosa intervención de instancias judiciales menores expuestas siempre a mayores veleidades.

Debiera repararse también en la facultad casi exorbitante que se les concede a los congresistas para presentar proyectos de ley mediante iniciativa individual, a diferencia de otras constituciones que exigen la presentación de estos en asocio de un número significativo de colegas.

El severo régimen de inhabilidades e incompatibilidades que prescribe la reforma puede ser, si se quiere un poco excesivo. Ha pesado mucho, ciertamente, la fuerza de antecedentes inmediatos. Ello obedece, además, a la necesidad de establecerlas en forma expresa y taxativa, según o exigen los principios del derecho público. Se necesita de unas reglas precisas que las señalen en forma tal que se vuelvan inquebrantables e induzcan a la observación de un mínimo ético en la conducta. Cuando su cumplimiento se nos haya vuelto un hábito constante y duradero seguramente podremos prescindir de ellas y confiar en que no se incurrirá en causales semejantes sin necesidad de normas prohibitivas. Es de esperar que ello ocurra en un futuro no muy lejano. Este bien puede ser el tema de una próxima enmienda constitucional.

Proclamamos la Constitución de Colombia. Es el final de un esfuerzo. La culminación de una azarosa hazaña. La logramos, corriendo los riesgos.

Es este un texto que pretende representar a Colombia. A un país nuevo, que denodadamente quisimos encontrar. Entre quedarnos atrás, rezagados o ponernos adelante, preferimos la vanguardia.

Nos propusimos intuir lo que quiere nuestro pueblo. El resultado se lo ofrecemos. Al pueblo llano, al que sufre y sobre todo al pueblo que quiere tener una ilusión. Lo que hemos hecho es de su propiedad.

Hemos salvado la tradición jurídica de nuestra tierra.

Ahí volvimos a consagrar, reverentes, lo valores de siempre, los que nos han permitido ser una democracia, los que hicieron posible la convivencia, a pesr de las provocaciones inclementes de una violencia política injustificada. Hemos hecho un tácito homenaje a los constituyentes de 1886.

Toda Constitución es un principio. Aquí, hoy, nace algo. Hemos creado conceptos básicos sobre el Estado, hemos fundado instituciones. A los derechos establecidos de antaño, que conocemos de memoria, agregamos otros explícitos, rotundos, para señalar que cuando se violaron las garantías sociales, ello se hizo contra nuestro querer, contra la voluntad de la gente sencilla. Y si hemos insistido con terquedad, es para restaurar la perdida creencia de que sí somos una raza pacífica.

Hemos manejado una extraordinaria potencia, con toda responsabilidad. Como lo prometimos. Primó siempre el ánimo de acuerdo. Ese acuerdo sobre lo fundamental que ha sido nuestra propuesta y nuestro desvelo.

Esta constitución no fue fruto de imposiciones. Nadie puede considerarse vencido por ella. Ni siquiera quienes han mantenido reticencias o por quienes procuraron su fracaso. Tampoco quienes se lamentan de su posible costo, que fue más el resultado caprichoso de un regionalismo, que de una consecuencia de la transformación institucional que conseguimos.

Ahora necesitamos el respaldo de la opinión. Porque la Constitución, al afianzarse, al desarrollarse, se sigue haciendo a sí misma. esa es la nueva política, limpia, creadora. Sí. Hemos creado, en el escenario de la vida civil, múltiples oportunidades de empezar de nuevo.

En el futuro habrá quien no entienda por qué pusimos tanto celo en aprobar cláusulas para purificar la administración pública.

Esperamos que a las nuevas generaciones no les corresponda vivir en un estado de corrupción como el que hoy padecemos.

Cumplimos el mandato de sanear el Congreso. Fue el más apremiante de cuantos recibimos. Purificado el Congreso, se debe poder gobernar limpiamente.

Conseguimos las bases para recuperar la justicia. Fue una tara ardua. Pero van a estar el Fiscal, el Sistema Acusatorio, el Consejo Superior de la Judicatura y un Procurador vigorizado. Hemos aprobado principios jurídicos que no sólo hacen más eficaz la administración de justicia, sino que la vuelven confiable, porque con ellos impediremos sus desmanes. Y para vigilar hemos creado la hermosa y prometedora figura del defensor del pueblo.

Colombia es un país joven que tiene que ensayar. Debe ensayar. No puede limitarse a las únicas oportunidades que no tengan peligro. Porque los peligros se nos vinieron encima, y para contrarrestarlos no bastan las posturas timoratas.

No vamos a permitir que la reforma se congele. sería una injusticia. La queremos como un cuerpo vivo y no como un documento de archivo.

La Constitución tendrá que ser la fuente de toda la organización jurídica e institucional. Pero queremos que signifique mucho más que eso. Que sea considerada como la carta de navegación de la nacionalidad. Como una ruta hacia lo nuevo, donde las apetencias abrumen a los resquemores.

Quizo Dios propiciarnos esta oportunidad de contribuir a la grandeza. Es un inmerecido don de la Divinidad que agradecemos desde nuestra humilde condición de no ser sino briznas de hierba en las manos del Todo Poderoso.

Cuanto hicimos en la transformación constitucional que hoy proclamamos, tuvo el propósito de restaurar los valores morales. Pretendemos que haya un renacimiento de los conceptos esenciales de la bondad, de lo honesto, de lo verdadero. Y colmaría nuestros anhelos que los colombianos valoráramos de nuevo lo que significa para la paz, la condición espiritual del hombre. Allá, en lo alto, siguen estando todas las posibilidades de preservar para siempre la dignidad humana

Alvaro Gómez Hurtado (Colombia, 1919 - 1995)